El PNV mueve la mesa

PUEDE QUE el PNV tenga razones de peso para descartar un acuerdo estable con los socialistas, pero las esgrimidas hasta el momento resultan escasamente congruentes con los argumentos en nombre de los cuales ese partido se planteó la posibilidad de tal acuerdo: fundamentalmente ' la prioridad otorgada a los objetivos relacionados con la salida de la crisis y la preferencia por fórmulas que garantizasen la estabilidad política.Aunque no sea dramático -los cinco escaños del PNV no permitían por sí solos conformar o romper mayorías de gobierno-, la ruptura de negociaciones decidida por la dirección del PNV el pasado martes resulta lamentable. Sobre todo porque viene a dar la razón a quienes siempre sostuvieron que era utópico pensar en un verdadero compromiso del nacionalismo vasco con la gobernabilidad de España. Tal vez por eso, sectores de ambos partidos se esforzaban ayer por encontrar asideros que impidan que la ruptura sea irreversible.

La prioridad otorgada a la crisis económica no puede significar la renuncia a las convicciones ideológicas. Pero esa prioridad sí implicaría desistir de condicionar los acuerdos políticos a la aceptación de las interpretaciones propias respecto a asuntos opinables y en absoluto acuciantes. En la lista de las 54 competencias cuya transferencia reclama el PNV como condición para adquirir un compromiso las hay indiscutibles, de acuerdo con el Estatuto, pero son los nacionalistas quienes vienen negándose a aceptarlas (si no van acompañadas del resto), a fin de mantener en alto la bandera reivindicativa de la sequía autonómica; otras son discutibles, bien en cuanto a la titularidad, bien respecto a la forma de realizar el traspaso: tal es el caso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Finalmente, otras posibles facultades no figuran en el Estatuto, pero serían delegables por acuerdo político, conforme al artículo 150-2 de la Constitución.

El argumento nacionalista de que todo el problema se reduce a la negativa del Gobierno a cumplir el Estatuto deberá relativizarse a la luz de esa distinción. Pero es cierto que las declaraciones de un desinformado Jerónimo Saavedra, mostrándose escandalizado por la aludida sequía nada más tomar posesión como ministro, contribuyeron a crear expectativas que se han convertido en frustraciones.

La reclamación nacionalista de la gestión económica de la Seguridad Social en el País Vasco no es descabellada, pero el argumento de que la fórmula acordada en ningún caso podrá cuestionar el principio de caja única -consustancial al criterio constitucional de solidaridad- es de peso, y compaginar ambos planteamientos mediante una fórmula compensatoria no resulta sencillo. La experiencia reciente del 15% del IRPF indica, de otro lado,, que cualquier innovación cuyo resultado sea una mayor disponibilidad de fondos por parte de algunas comunidades desata mecanismos de agravios comparativos bastante inquietantes. Y no sólo entre las comunidades llamadas históricas y las de régimen común, sino también entre aquellas de las históricas que no disponen de sistema propio de financiación, como Cataluña, y las que sí, como el País Vasco. Los ciudadanos de esta última comunidad son los menos interesados en que se mueva la mesa.

Porque el sistema actual les favorece, pero también porque la estabilidad política es condición para hacer frente a la crisis cuya superación es su interés prioritario. Se comprendería que el PNV se empeñase en esa reivindicación si careciera de medios propios de financiación o fuera un asunto que suscitase intensas emociones populares. Pero ni es trascendental para financiar la autonomía vasca, ni suscita, fuera del círculo de los políticos, otro interés que el anecdótico del membrete que corone los impresos a rellenar para solicitar una pensión.