La red de escuchas desarticulada en Barcelona actuó en diversos puntos de España

Eduardo Navarro, titular del Juzgado número 32 ole Instrucción Penal de Barcelona, que ha asumido las diligencias policiales sobre la red de escuchas ilegales desarticulada el pasado lunes en esta ciudad y que actuó en otros puntos de España, ha decretado el secreto del sumario y ayer analizaba el abundante material intervenido en los registros. Existen indicios de sobornos a funcionarios relacionados con la seguridad que facilitaban a la red información reservada sobre las víctimas de su espionaje, y de la actuación de esta trama en el lavado de dinero.

Se han intervenido cintas grabadas con una duración total de más de 100 horas, cuyo contenido se desconocía ayer, y diversos elementos para llevar a cabo las escuchas, algunos de ellos intervenidos en el despacho del asesor de seguridad de La Vanguardia, el coronel excedente del Cesid, Fernando Rodríguez González.Por otro lado, días atrás, alertada la dirección de La Vanguardia, según diversas fuentes consultadas, una empresa israelí realizó un barrido electrónico en el despacho del editor-presidente del rotativo, Javier de Godó. El examen resultó positivo, y se hallaron micrófonos que captaban no sólo las conversaciones telefónicas, sino las que se realizaban de viva voz. En el despacho del coronel se halló documentación y cintas grabadas, así como micrófonos de escucha ambiental que transmitían las conversaciones captadas hacia un aparato de grabación. Los detenidos buscaban meses atrás contactos tanto en la Audiencia Nacional como en la Fiscalía General del Estado para conocer si su empresa era investigada por escuchas ilegales.

Evasión de capitales

Esta trama se movía en los círculos financieros para captar información sobre la evasión de capitales a través de la firma Athos, para chantajear a los evasores con tales datos. Del mismo modo, al tener conocimiento de que un juez francés, había investigado la trama conocida como peseta connection, en la que Carlos Nadales había aparecido utilizando la misma red que los narco traficantes para la evasión de dinero, pretendían extorsionar a este empresario, buscado:) por la justicia. Los presuntos chantajistas decidieron ponerse en contacto con el juez para ver si podrían recabar ese material con vistas a aprovecharlo.

El control de las conversaciones privadas del editor-presidente de La Vanguardia, Javier de Godó, y de su secretaria, Gemma Guillén, les permítió conocer todos los entresijos de la elaboración interna del contrato que firmó el coronel Rodríguez González como asesor en materia de seguridad del citado rotativo. Luis Izquierdo, jefe de seguridad de La Vanguardia, llegó a facilitar el acceso al edificio a Miguel Ruiz Martínez, uno de los detenidos.

Existen indicios de que esta red realizó operaciones de blanqueo de dinero mediante transferencias al extranjero que luego regresaba a España, ya legalizado. Para ello, contaban con personas fuera de toda sospecha, de diversos ámbitos y profesiones. Dentro de sus actividades, robaron a una empresa documentación contable para presionar a sus directivos al descubrir una presunta facturación falsa.

Los ocho detenidos en relación con esta trama permanecían ayer en dependencias policiales para su interrogatorio por funcionarios del servicio de información. Ni el juzgado, ni la policía ni la Guardia Civil confirmaron ayer que hubieran investigado pinchazos a directivos de la cadena Telecinco en Madrid, aunqueese punto entrará a formar parte de las pesquisas, ya que existen sospechas de chantajes a responsables de cadenas televisivas, hechos que, en ocasiones, no han sido denunciados.

Miguel Ruiz Martínez, uno de los presuntos cerebros de la red de escuchas y extorsiones, oculta bajo esta identidad a Mikel Legarza Eguía, El Lobo, antiguo infiltrado en ETA tras ser reclutado en 1969 por el Seced, Servicio Central de Documentación, precedente del Cesid.

Infiltrado en ETA

Este histórico topo en la dirección etarra, que ocasionó en 1975 la caída de los comandos Madrid y Barcelona de la época y frustró la fuga de la cárcel de Segovia, lejos de disfrutar de la falsa identidad que le proporcionó el Estado, ha puesto en entredicho tal cobertura al involucrarse por segunda vez en un caso de extorsión. En 1988 fue detenido por un intento de extorsión al odontólogo de Bilbao Pedro Ortiz Lang, a quien exigió dinero en nombre de ETA. A cambio de retirar la denuncia, Ortiz Lang recibió cinco millones, en billetes de 5.000 pesetas y con numeración correlativa, cantidad que le entregaron dos policías, interesados en recuperar al confidente. Previamente, otro policía, cuñado de El Lobo, Agapito Félix Cepriá Gajate, abonó una fianza de 200.000 pesetas. El juez le puso en libertad sin procesarlo.

Actualmente, mantenía relación con miembros y ex miembros del Cesid, aunque su labor se centraba en el desarrollo de su boyante empresa de pinchazos Boadcast, en cuyas dependencias la policía encontró abundante material de las escuchas ilegales.