Desarticulada una red de escuchas a empresarios

La policía ha desarticulado una red de escuchas telefónicas y extorsiones dirigida por un ex coronel del Cesid (Centro Superior de Información para la Defensa), que había centrado su actividad en la captación de informaciones internas de empresas del mundo periodístico. Esta trama tenía bajo su total control las comunicaciones de Javier de Godó, presidente-editor de La Vanguardia, tanto en su domicilio como en su despacho de Barcelona, lo cual le permitía acceder a conversaciones con otros empresarios y a sus actividades y proyectos. La investigación indica que el hijo de De Godó también fue objeto de vigilancia. El coronel, excedente desde el pasado junio, había sido contratado como asesor de seguridad por La Vanguardia. Ocho »personas fueron detenidas ayer en Barcelona, donde fueron registrados el despacho y el domicilio del presidente del rotativo catalán en busca de pruebas de tal espionaje.

En el curso de la operación policial realizada ayer en Barcelona se produjeron registros en la sede de La Vanguardia, en concreto en el despacho de su presidenteeditor, Javier de Godó, y en su domicilio, en la calle de la Reina Elisenda de Montcada. Fuentes de la empresa expresaron ayer su absoluta "sorpresa" ante los hechos y aseguraron que habían tenido conocimiento de los mismos a través de la policía.La policía efectuó también ayer un registro en la sede de la empresa tapadera de esta trama, Boadcast, y en la habitación del hotel Calderón de Barcelona donde residía actualmente el coronel detenido. También se registraron los domicilios en Barcelona de los otros seis detenidos. Uno de ellos, Manuel María Sánchez, portaba consigo en el momento de ser apresado elementos para realizar escuchas. Asimismo, han sido intervenidas a esta red armas reales y simuladas, en concreto a Juan Gracia Navarro, uno de los peones de la red. Al cierre de esta edición proseguían los registros.

La investigación policial se inició el 5 de diciembre de 1991, cuando Gregorio Carrascal Santamaría, domiciliado en la carretera de Santa Coloma números 48-50, de Badalona, denunció que al hacer una revisión rutinaria de cajas de teléfonos en la calle de Portaferrissa 25, de Barcelona, comprobó que uno de los cajetines telefónicos estaba pinchado. Este empleado acudió a Telefónica para comprobar la legalidad de tal escucha, y comprobó que no existía autorización judicial.

Al día siguiente, se constató que el teléfono objeto de escucha correspondía a Alberto Garrofé Pardo, abogado que había trabajado para La Vanguardia y que actualmente es uno de los principales accionistas del rotativo El Observador que lleva varias semanas sin salir a la calle por problemas económicos. Durante el registro se halló un dispositivo en la caja de conexión de su terraza. El 24 de diciembre denunciaba un hecho similar Carlos Fajardo Ricomá, ex directivo de La Vanguardia, y actual director general de El Observador. Fajardo, con ayuda de funcionarios, había descubierto un pequeño aparato de color negro que intervenía su linda del domicilio, en la calle de Córsega.

Barrido selectivo

Ambas manipulaciones telefónicas se produjeron en una etapa de profunda remodelación en La Vanguardia. La alarma cundió entre diferentes personalidades, por lo que la policía realizó un barrido selectivo en diferentes despachos y domicilios.

La policía localizó al menos cuatro empresas privadas con ámbito de actuación en Cataluña con capacidad técnica para ejecutar tales escuchas y que solían brindar sus servicios bajo una cobertura legal de realizar asesoramientos en materia de seguridad electrónica, mantenimiento telefónico, y de realizar informes reservados sobre actividades comerciales. La investigación desveló que alguna de tales empresas fue más allá del puro espionaje industrial, y entraba plenamente en el terreno de la extorsión a partir de la delicada información que obtenía mediante escuchas ilegales, cuyo silenciamiento producía pingües beneficios.

La policía concentró sus pesquisas en la firma barcelonesa General de Consulting y Comunicación, ubicada en en la calle de Muntaner 270. Sus integrantes eran Miguel Ruiz -relacionado con el Cesid-, Manuel María Sánchez -ex guardia civil y ex miembro del Cesid-, José Manuel Trujillo y Juan Rodríguez González. Todos ellos fueron detenidos ayer en Barcelona.

La red era muy sensible a las contravigilancias. A primeros de año, desaparecieron dicha empresa y sus integrantes, con lo que las pesquisas de la Audiencia Nacional y la policía quedaron empantanadas. Sin embargo, el pasado febrero se retomó su rastro al ser localizados bajo el nombre de la firma Boadcast, situada en la calle de Rocafort, 241-243, de Barcelona.

El cometido oficial de Boadcast es "la producción de películas cinematográficas y compraventa de derechos de cine y televisión", pero no se le conoce ni un solo filme. A tenor de la investigación, más bien su labor se inscribe en la grabación de conversaciones y la fotografía clandestina. La Audiencia Nacional decretó entonces la intervención de sus teléfonos por la policía, que ha acumulado hasta hoy abundantes pruebas de sus actividades.

La policía averiguó, por esta vía, que la última víctima de esta red es Javier Godó, cuyos teléfonos privados y, oficiales están a merced de la trama. La investigación señala que la red contaba presuntamente con el jefe de seguridad de La Vanguardia, Miguel Luis Izquierdo Guillén, y varias personas adscritas ;al servicio de seguridad del rolativo. Entre los vigilantes que presuntamente trabajan para la red figura el chófer y escolta del presidente de La Vanguardia, Salvador Daroqui González.

Pero el apoyo más importante de la trama descansa en la participación presuntamente de un ex coronel del Cesid, Fernando Rodríguez González, quien el pasado junio logró una excedencia y se estableció en Barcelona para atender a su puesto de asesor en seguridad del rotativo catalán.

Despacho en la 'Vanguardia'

Con esta tapadera, este ex jefe del Cesid dirigió desde el interior del diario los hilos tendidos por la red de espionaje telefónico que supuestamente dirigía. Rodríguez González fue detenido ayer en su despacho de La Vanguardia, en cuya sede fueron igualmente detenidos los dos citados empleados de la seguridad del rotativo, Izquierdo y Daroqui.

Fuentes conocedoras (le esta espectacular operación, fruto de unas pesquisas iniciadas meses atrás por la Audiencia Nacional y el servicio de información de la policía -particularmente de Barcelona-, destacan que no se trata de un golpe al Cesid, sino contra un elemento corrupto de dicho servicio que se valió de su cargo para desarrollar esta red de terrorismo telefónico. La operación sigue abierta, dado que su campo de acción no se ceñía exclusivamente a Barcelona.

La Audiencia Nacional y la policía ha acumulado, durante estos meses de pesquisas y vigilancia de los elementos de esta trama de espionaje y extorsión, abundantes elementos incriminatorios contra los detenidos, agregaron fuentes conocedoras de estas actuaciones.

En el curso de esta investigación, hace un año se descubrió que el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Carlos Jiménez Villarejo, había sufrido escuchas, si bien no se halló dispositivo alguno por más que la línea de su domicilio evidenciaba haber sido manipulada. También se comprobó que la línea del juzgado número 26 de Barcelona había sufrido igual proceso de intervención ilegal. El presidente de Iniciativa per Catalunya, Rafael Ribó, solicitó a la policía que se revisasen las líneas de su sede tras advertir la presencia sospechosa de -un individuo que había acudido a revisar las líneas de teléfono, sin que existiera constancia de sa pertenencia a Telefónica.

Nuevamente se advirtieron indicios de manipulación una línea, si bien, por error, el teléfono pinchado no correspondía al partido, sino a un particular. En el centro de TVE en Cataluña se localizaron también aparatos de escucha para intervenir las conversaciones mantenidas por un directivo.