Varios acreedores de Egea reclamaron dinero a Alfaro al día siguiente del suicidio del 'broker'

El empresario Benedicto Alfaro, detenido y encarcelado el viernes como presunto autor de una apropiación de más de 1.000 millones de pesetas que le prestó el intermediario financiero Baltasar Egea, fue visitado por varias personas al día siguiente de que éste se suicidara -el cadáver fue encontrado el 4 de mayo- y otras dos lo habían hecho en fechas immediatamente anteriores. El motivo de tales visitas fue reclamar a Alfaro el pago de diversas letras de cambio que éste había firmado. El empresario argumentó que su firma había sido falsificada y, asesorado por su entonces abogado, Jesús Fernández Miranda, denunció a un juzgado de Alcobendas -en cuya jurisdicción se habían cometido los crímenes- la falsedad de las letras en las que aparecía su firma.

En los días que precedieron y siguieron al de las muertes de Egea, de su mujer y de su hijo, varias personas se presentaron en el despacho del empresario Alfaro, portadoras de letras de cambio cuyo vencimiento estaba previsto para ese mismo mes o que decían representar a otras personas que disponían de tales documentos.Se trataba de Tomás Pelayo Ros, Santiago Gascón, Pedro Navarro y los hermanos Santiago y Jaime Racar. Estos dos últimos han protestado ante notario las letras que tenían y exhibieron una copia de las mismas al propio Alfaro.

Los demás no lo hicieron, de acuerdo con las manifestaciones, realizadas por Alfaro ante el juez Moreiras en su comparecencia del 3 de noviembre, previa a la decisión de enviarle a la cárcel. Además de las personas citadas, también reclamaron deudas, según informaciones recogidas por este periódico, Juan Luis Aguirre Asensio y Olimpio Rato Navarro-Reverte, vinculados a la empresa Tivsa, de la cual el broker fallecido era consejero-delegado.

Tomás Pelayo Ros, uno de los que se pusieron en contacto con Alfaro, es una persona bien conocida en el mundo de la política y de la abogacía. Desempeñó diversos cargos públicos en el franquismo, y concretamente, fue delegado nacional de Deportes y gobernador civil de Barcelona. Actualmente es consejero de diversas compañías y abogado en ejercicio. Las llamadas efectuadas ayer a su domicilio no permitieron contrastar con él estas informaciones.

Las cartas de Egea

En paralelo con esas actuaciones, el juez central de delitos monetarios, Miguel Moreiras, estudió unas cartas que había recibido del propio Egea, enviadas antes de morir. Muchos detalles de esas cartas llamaron la atención del magistrado, que pasó dichos documentos al fiscal.

Las cartas de Egea implicaban una denuncia de la actividad presuntamente ilegal que él mismo había estado realizando, al operar como banquero de una serie de inversores que en gran parte le entregaban dinero negro; dinero que, a su vez, Egea prestaba a los empresarios Benedicto Alfaro, los hermanos Francisco y Luis Ruiz del Portal -vinculados a las discotecas Keeper- y otros.

Éstos no habían devuelto a Egea, a su fecha de vencimiento, algunos de los préstamos que les hizo, siempre según las cartas del empresario fallecido. Eso habría sido la causa de la ruina financiera de Egea, que no pudo cumplir con los inversores que le habían confiado su dinero, según él mismo. "Creo que esto, a una persona que se va a matar, le servirá de confesión. El único culpable soy yo y nadie más", dejó dicho el broker en la carta recibida por Moreiras.

Tales inversiones eran canalizadas a través de diversas empresas de Egea, denominadas Técnicos de Inversiones y Valores (TIVSA) y Asesores Agrupados. De momento se conocen pocos nombres de las personas que confiaron su dinero a la banca Egea para que lo colocara en el mercado financiero, con un volumen global de depósitos que fuentes jurídicas estiman en torno a los 5.000 millones de pesetas.

Moreiras abrió diligencias relacionadas con este caso. También se declaró competente para entender de parte de las que tenía en marcha un juzgado de la localidad madrileña de Alcobendas. De la complejidad de la trama da idea el hecho de que son varios los juzgados que han abierto sucesivamente diligencias o aceptado el trámite de querellas de perjudicados.

Algunos de estos últimos dicen haber realizado depósitos con dinero legal, y al menos en un caso se sabe de cantidades de hasta 80 millones de pesetas que se han esfumado en operaciones misteriosas. Las querellas por este asunto afectan, de momento, a juzgados de Madrid y de Vitoria, al margen de las actuaciones emprendidas por el juez central de delitos monetarios, Miguel Moreiras, que son las que,. en definitiva, han determinado el ingreso en prisión de Alfaro.

Este industrial, dueño de una cadena de supermercados y promotor inmobiliario, fue el destinatario de la práctica totalidad del dinero entregado a Baltasar Egea por los clientes de una de dichas empresas, Asesores Agrupados, para que ésta lo colocara en el mercado financiero. Así lo afirma el auto de prisión contra. Alfaro dictado por Moreiras.

Dicho auto menciona una cifra imprecisa de dinero prestado por Egea a Alfaro -"recibió una cantidad superior a los mil millones de pesetas, y probablemente próxima a los dos mil millones"-, pero asegura categóricamente que la suma, en cualquier caso, era muy superior a los 420 millones que Alfaro ha admitido ante el juez haber recibido del broker fallecido.

Delito continuado

"Datos todos estos que llevan al juzgado al convencimiento de que el Sr. Alfaro Ruiz se ha apropiado, en perjuicio de otros, de dinero por una suma superior a los mil millones de pesetas, por lo que de conformidad con lo previsto en el artículo 535 del Código Penal puede haber cometido un delito continuado de apropiación indebida", con diversas circunstancias agravantes, escribe el juez en su auto.

Ésta es la imputación más grave de Moreiras, que también menciona la de estafa. Las penas, atribuidas representan de seis a doce años de cárcel.

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Benedicto Alfaro, recluido en la prisión de Carabanchel, no ha tenido aún oportunidad de defenderse de tales imputaciones. Su abogado, Santiago Lago, se muestra sorprendido de que ningún supuesto perjudicado haya acudido al juez Moreiras, cuando éste último se refiere a una estafa superior a los 1.000 millones. "Si nadie ha reclamado nada, ¿cómo es posible que el juez pida a mi cliente 1.500 millones de pesetas por responsabilidad civil?", se pregunta.

Moreiras, por su parte, no ha hecho comentarios respecto a tales cuestiones. Su auto de prisión se limita a indicar que, en la comparecencia de Alfaro ante el juzgado, este empresario reconoció haber recibido de Egea "financiación por un máximo de 410 o 420 millones de pesetas", cifra a la que el magistrado no da crédito tras el testimonio prestado por María Jesús Chicharro, ex empleada de Baltasar Egea, quien sostiene que Alfaro se llevaba otras cantidades de la empresa de Egea en sacas de tela (véase EL PAÍS de ayer).

Alfaro, a cambio de las sumas de dinero que Egea le iba entregando, le firmaba letras Como garantía de devolución de los préstamos, siempre según el auto judicial.

El testimonio de Alfaro ante el juez -el 3 de noviembre- mencionaba igualmente que el abogado Tomás Pelayo Ros ya le había propuesto, días antes de la muerte de Egea, denunciar entre los dos a este broker por prácticas ilegales.

"Pero no hubo lugar", añadió Alfaro ante el juez, "porque cuatro días después apareció muerto el Sr. Egea, como es públicamente conocido, y de los cuatro días anteriores a su muerte, ocurrida el 4 de mayo, tres eran inhábiles, los días 1, 2 y 3 de mayo", tal y como figura en la transcripción judicial de la comparecencia de Alfaro.

Consejero-delegado de 'Abc'

Además del testimonio de Alfaro, que obra en poder de este periódico, existe otra persona cuyo aportación sería importante. Se trata del entonces abogado de Alfaro, Jesús Fernández Miranda. En su tan citada comparecencia del 3 de noviembre ante Moreiras, Alfaro liberó expresamente a su antiguo abogado de la obligación de secreto profesional para con él, "por si pudiera aportar a los autos todos y cualquiera de los detalles que él conozca por su intervención personal, en calidad de letrado, en las entrevistas y conversaciones que [Alfarol mantuvo con el Sr. Pelayo Ros y con D. Santiago Gascón, por si al declarante [Alfaro] se le hubiera olvidado parte de las conversaciones contenidas o en las que no hubiera estado presente".

Fue el propio Fernández Miranda quien redactó la denuncia de Alfaro, antes explicada, presentada por el industrial ante un juzgado de Alcobendas, sobre la falsedad de las letras que aquellos le atribuían.

Fernández Miranda, que ya no actúa como abogado de Alfaro -a mediados de septiembre fue nombrado consejero-delegado de Prensa Española, editora del diario Abc-, aclaró ayer, a preguntas de EL PAÍS, que su intervención en tales hechos fue "tangencial" y declinó realizar cualquier otro comentario.