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EL CASO DEL EMPRESARIO ALFARO

Alfaro confundió con unos acreedores a los policías que le detuvieron

Pasaban unos minutos de las seis de la tarde del viernes 12 de noviembre. Ciento cincuenta personas presenciaban la ceremonia nupcial de Benedicto Alfaro, hijo del empresario del mismo nombre, dueño (de una conocida cadena de su mercados, promotor inmobiliario y empresario de informática, quien se encontraba en la primera fila de bancos de la iglesia de San Manuel y San Benito. De pronto, tres hombres que no habían sido invitados, y que tampoco iban ataviados como para una clásica boda de familia acomodada, entraron en el templo y se situaron junto a la puerta.

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"Temimos que fueran unos alborotadores", recuerda Carmen Alfaro, la hija del empresario. En un primer momento, el propio industrial, Benedicto Alfaro, pensó que los tres hombres que le esperaban podían ser personas enviadas por clientes del intermediario financiero Baltasar Egea que hubieran perdido su dinero tras el suicidio de éste y que pretendieran organizarle ahora un escándalo a la salida de la iglesia.El empresario detenido había denunciado ante los jueces de Alcobendas y de Delitos Monetarios que era objeto de llamadas telefónicas amenazantes y que individuos desconocidos vigilaban las proximidades de su domicilio y de sus oficinas. Carmen Alfaro explica que, entre otros movimientos extraños, en el mes de junio, fueron descubiertas varias personas cerca de las oficinas del Grupo Alfaro, en la madrileña calle de Alfonso XIII, que a veces vigilaban en coches y otras en moto. Tales personas nunca habían abordado a nadie, y ni siquiera llegaron a hablarles.

Por temor a todo ello, Alfaro había contratado para la boda un guarda de seguridad, que permanecía en el interior de la iglesia. El vigilante jurado se percató de la presencia de los tres misteriosos visitantes en la iglesia y les pidió que se identificasen. Los policías lo hicieron y, acto seguido, advirtieron al guarda jurado que no podía hacer ninguna llamada o movimiento extraño que interfiriera su labor.

Al final de la ceremonia, mientras los novios -ajenos al suceso- salían a la calle en medio de una lluvia de arroz los tres agentes se acercaron al empresario por un pasillo lateral del templo, hasta la nave central, y le comunicaron su detención por orden del juez central de delitos monetarios, Miguel Moreiras.

Sólo algunos familiares de Benedicto Alfaro se dieron cuenta de lo que ocurría. Mari Carmen Alfaro, hija del detenido, que había actuado como testigo nupcial de su hermano, sí se había dado cuenta de la presencia de los tres desconocidos. Al no ser amigos de la familia, temió que pudieran ser alborotadores. "Fue increíble", dijo ayer a EL PAÍS. "Le detuvieron dentro de la iglesia, ni siquiera le dejaron salir a la calle. Intentamos localizar al juez Moreiras para que le permitiera acudir al banquete de boda, pero no fue posible". El convite se celebró posteriormente, en un ambiente de aparente normalidad, porque sólo los familiares más allegados a Alfaro y algún amigo conocían lo que había sucedido.

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Segunda boda

Los policías esperaron a que todos los asistentes abandonaran el templo y salieron con el empresario en el momento en que entraban los asistentes a otra boda, que se celebró después en el mismo templo.

El juez Miguel Moreiras hizo ayer muy pocos comentarios respecto a la situación del caso. Unicamente tuvo interés en dejar claro que el hecho de que la detención de Benedicto Alfaro se hubiera producido a la salida de la boda de su hijo no fue responsabilidad suya, ya que el magistrado asegura que desconocía que un hijo de Alfaro tenía previsto casarse el mismo día en que él firmaba el auto de prisión contra su padre.

El abogado de Alfaro, Santiago Lago, ha explicado a este periódico que a primera hora de la mañana ha intentado visitar a su cliente en la prisión madrileña de Carabanchel, pero no consiguió hablar con él. El letrado ha pedido el traslado de Alfaro a la enfermería de la cárcel, porque padece una grave dolencia de columna vertebral que requiere tratamiento médico. La decisión corresponde al juez de vigilancia penitenciaria.

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