La crisis de un modelo

Los perfiles políticos más destacados del acuerdo de cesión [del 15% del IRPF] demuestran la improvisación en un tema que no admite experimentos fallidos, y son:1. Inexistencia de corresponsabilidad fiscal. Las comunidades autónomas siguen siendo la única administración del Estado en las que no existe corresponsabilidad fiscal. La Administración central y las locales son responsables de la mayor parte de sus ingresos. Las comunidades autónomas no tienen ninguna capacidad normativa que antes no tuvieran y el Estado sigue siendo el único responsable de que la recaudación por IRPF, en el territorio de cada comunidad, aumente o disminuya. Eso sí, los resultados de su actuación se trasladarán en esa porción del 15% a la respectiva comunidad. Todo es responsabilidad del Estado, desde la confección de los planes de inspección, revisión de declaraciones, agilización de procesos recaudatorios o resolución de reclamaciones de los contribuyentes. Las comunidades autónomas se limitan a abrir su caja.

La corresponsabilidad sólo puede existir por la vía de las facultades normativas que el Estado podría transferir, recortando al mismo tiempo su tarifa de IRPF. Los contribuyentes harían tributariamente responsables a las comunidades autónomas de ese 15%. A pesar de todo lo anterior, no creemos que una corresponsabilidad justifique una posible quiebra del modelo constitucional del 78.

2. Ruptura del consenso constitucional. El modelo aprobado se fundamenta en el artículo 13 de la LOFCA [Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas], señalando como base del acuerdo el "coeficiente de esfuerzo fiscal en el IRPF", desconociendo la prohibición que establece la misma LOFCA de ceder el IRPF. Parece que los catalanes se propusieron asaltar con esta cesión una de las pocas fortalezas financieras estatales que la LOFCA previó. El precedente tiene una enorma gravedad para la consolidación del Estado de las autonomías, ya que supone admitir la discriminación entre dos grupos de comunidades autónomas, las que esperan aumentar su capacidad financiera y las que confían en que el Estado impida que empeoren. Y, lo que es peor, supone desentenderse de una propuesta, consensuada con el PP, para profundizar el desarrollo autonómico, y que tuvo un antecedente previo y positivo en la Ley del Proceso Autonómico. El fondo de la cuestión está en la crisis del modelo LOFCA.

La forma de proceder para la consecución del acuerdo del 7 de octubre revela a las claras sus carencias: seguimos intentando remediar problemas de estructura, agobiados por problemas de coyuntura y por la socorrida vía del parche, en lugar de hacer una revisión del sistema en su conjunto. Quizás, en la revisión del modelo que había de regir para el quinquenio 92-96, se perdió la oportunidad histórica para alumbrar un nuevo marco de financiación autonómica, una vez superados los primeros cinco años de funcionamiento del llamado modelo definitivo que previó la LOFCA, y todo ello a pesar de sus enormes limitaciones. El diseño inicial fue útil, y permitió poner en marcha el Estado de las autonomías.

Perdida aquella ocasión histórica, es hora de empezar a trabajar en el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica que debe cumplir una serie de exigencias de principio:

a) Dotar de auténtica autonomía financiera a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son casi exclusivamente administraciones de gasto, con una muy limitada autonomía en el ingreso, que contrasta incluso con la que disfrutan los municipios.

b) Creación de mecanismos de solidaridad interterritorial. Deben crearse y ponerse en práctica instrumentos de nivelación financiera, con objeto de intentar cerrar los famosos círculos de pobreza y riqueza, redefiniendo las nonatas transferencias para la nivelación de los servicios públicos fundamentales, reforzando el FCI [Fondo de Compensación Interterritorial] y creando "Fondos Autonómicos de Cooperación Municipal". Si estos mecanismos compensatorios son los más genuinos de los regímenes federales, en España son indispensables.

c) Establecimiento de una auténtica corresponsabilidad fiscal. Las administraciones territoriales deben ser responsables de la detracción de recursos a sus ciudadanos, sea inspirándose en la "administración única sea siguiendo el ejemplo de Alemania, que hace a los Estados colaborar con la Federación en la gestión de los Tributos Federales. Pero las comunidades autónomas no pueden permanecer como espectadoras de la gestión tributaria del Estado.

d) Homogeneidad en la dotación de recursos financieros. Las diferencias actuales dentro del sistema común, y de éstos con los forales, deben corregirse, y, desde luego, la solución no puede ser rebajando los niveles de estos últimos. La coartada de los "derechos históricos" no puede mantenerse por mucho tiempo: cada uno tiene su historia y el Estado no puede amparar la permanente desigualdad financiera.