El PSOE defenderá salarios menores y ajustados a los beneficios de las empresas

La ponencia marco que los socialistas debatirán en su próximo congreso, en marzo de 1994, defiende un recorte de salarios acorde con la reducción de la semana laboral como forma de solidaridad en la lucha contra el paro. Además, se propone que los sueldos se acomoden a los beneficios de las empresas y a la situación económica. Otras propuestascontra la crisis son el incremento de la contratación a tiempo parcial y la movilidad laboral. En el documento, difundido ayer por Europa Press, no se cuestiona el Estado de bienestar, pero se sustituye "la concepción del paternalista del Estado providencia" por el denominado "Estado de solidaridad" y se defiende la limitación del gasto social según la capacidad recaudatoria del Estado.

La ejecutiva del PSOE conoció el pasado miércoles la ponencia marco, redactada por José María Benegas, José María Maravall, Francisco Fernández Marugán, Ludolfo Paramio y Raimon Obiols. El texto tiene 116 páginas y consta de cuatro apartados en los que se analizan los obtáculos que la situación económica plantea al proyecto social demócrata, la crisis de Europa, las medidas de impulso democrático y el modelo de partido. En el documento se reconoce que el modelo socialdemócrata clásico se ha mostrado "incapaz de frenar el paro y dar una salida rápida a la crisis", que se atribuye en parte a los problemas financieros y al fraude. Los ponentes advierten que "un amplio sector público empresarial no garantiza el crecimiento ni el empleo", si bien "los mercados realmente existentes no son completos ni se aproximan demasiado al mercado perfecto".Se hace hincapié en la competitividad de las empresas como "un factor clave para el mantenimiento de un crecimiento sostenido, que exige una inflación y unos tipos de interés bajos, lo cual es incompatible con un crecimiento descontrolado del déficit". Los socialistas pedirán un "gran pacto nacional contra el fraude" cometido por empresarios y trabajadores, y en el que deberán participar todas las administraciones.

Tras criticar a "un sector del comunismo español que se aferra al fundamentalismo ideológico, oscilando entre la nostalgia y el radicalismo antisistema", los redactores propugnan "trabajar en cuestiones ecológicas y de emigración en colaboración con las nuevas asociaciones y movimientos sociales", al tiempo que defienden la participación profesional de las mujeres y su incorporación a los principales puestos de decisión y representación.Respecto a los ayuntamientos, los ponentes son partidarios de ampliar el poder de los equipos de gobierno y de los alcaldes, así como de potenciar la proyección * institucional de éstos para intentar consolidar así la posición del PSOE como fuerza preocupada de los problemas cotidianos de los ciudadanos.

En el documento se propugna la ampliación del ámbito de actuación municipal en servicios sociales, urbanismo, vivienda, educación, consumo y planes integrales de saneamiento.

La financiación municipal es insuficiente, a juicio de los redactores del texto, lo que deberá resolverse con fondos de cooperación municipal de las comunidades autónomas y con una redefinición de los impuestos de actividades económicas y de bienes inmuebles.

El incremento de la capacidad de autogobierno de las autonomías, superando la "lógica estéril" del enfrentamiento y los planteamientos meramente reivindicativos, es otra de las propuestas contenidas en el borrador de ponencia socialista. Simultáneamente se defiende una mayor descentralización en las comunidades autónomas en beneficio de los ayuntamientos.

Uno de los apartados de la ponencia marco se refiere al denominado impulso democrático. En él, además de alertar sobre la necesidad de combatir el fraude, se reconoce el "deterioro en la percepción que los ciudadanos tienen de los partidos", agravado por "el clima permanente de confrontación política y de problemas asociados a su financiación".

Para poner coto a esta situación, el PSOE propugna la reglamentación de un nuevo sistema de financiación y de funcionamiento de las formaciones políticas, al tiempo que sugiere, la reforma del sistema electoral "para conseguir una mayor cercanía y vinculación de los electores respecto de sus representantes". También se defiende la desaparición del sistema de reparto por cuotas de partido en los órganos constitucionales del Estado.