Millones de trabajadores italianos secundaron la huelga general
Millones de trabajadores italianos secundaron ayer la huelga general de cuatro horas convocada por las tres grandes centrales sindicales italianas, con el objetivo primordial de pedir mayor equidad fiscal y presionar para que salarios y empleos sean mantenidos según el pacto social alcanzado el pasado mes de julio. Los sindicatos estiman que la nueva ley de presupuestos amenaza los objetivos trazados en el compromiso.
Pero el desencadenante de la protesta, similar a la realizada el pasado mes de abril contra el Gobierno del ex presidente socialista Giuliano Amato, ha sido la decisión de su sucesor, Carlo Azeglio Ciampi, de dejar prácticamente sin efecto, a partir de 1995, el nuevo impuesto mínimo previsto para comerciantes y trabajadores autónomos. Los grupos afectados por ese nuevo gravamen, la más revolucionaria y polémica de las medidas introducidas por Amato para combatir el abultado déficit público, habían amenazado al Gobierno con huelgas salvajes.Los sindicatos protestan ahora frente a una marcha atrás del Ejecutivo, que, en su opinión, tiende a mantener una situación fiscal cuya profunda- injusticia ha sido reconocida en los últimos análisis de la propia Hacienda: en Italia, el asalariado medio paga más impuestos que el pequeño empresario o el autónomo, y los empleados del comercio declaran más renta salarial que los dueños de los comercios en los que trabajan.
Por lo que se refiere al pacto social, el Gobierno inició ayer el análisis de las medidas de protección del trabajador propuestas por el ministro del ramo, Gino Giugni, sobre dos líneas maestras.
Por un lado, extensión a los trabajadores despedidos del subsidio de paro, que hasta ahora sólo cubría las regulaciones transitorias, y reducir la tramitación de este beneficio a un plazo máximo de 45 días; por otro, ampliación de los contratos de formación y de los llamados de solidaridad, es decir, los que permiten la reducción del horario de trabajo y el salario para moderar las contracciones en la plantilla de las empresas. Estas últimas medidas resultan conflictivas para muchos trabajadores, que consideran escaso el compromiso sindical en la protección del empleo.
