UGT y CC OO piden que los funcionarios recuperen en próximos ejercicios el poder adquisitivo perdido este año

Las federaciones de servicios públicos de UGT y CC OO solicitarán al Gobierno que os funcionarios recuperen el poder adquisitivo que perderán este año. Para cubrir esta carencia, los sindicatos plantean alcanzar un compromiso de recuperación en 1997 o establecer una excepción en las negociaciones sobre el pacto de rentas. Por otra parte, las centrales sindicales pedirán al Gobierno que modifique el criterio de movilidad geográfica que pretende aplicar a los funcionarios y que introduzca la posibilidad de que haya cambios entre las administraciones pública, autonómica y local.

En 1993, la subida de los sueldos de los funcionarios fue del 1,8%, "lo que supone que perderemos entre, 3 y 3,2 puntos de poder adquisitivo", señaló ayer en rueda de prensa el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT (FSP-UGT), Javier Granda.La fórmula de recuperación de esos puntos de desfase -expuesta por el propio Granda y compartida en líneas general por CC OO, según señalaron fuentes de este sindicato- depende, en primera instancia, del posible acuerdo entre el Ejecutivo y los sindicatos sobre un pacto de rentas general a tres años y de la pérdida de poder adquisitivo que se pacte en él.

A partir de ahí, los sindicatos representativos de los funcionarios plantean una doble posibilidad. Por una parte, que la compensación de esa pérdida del 93 se descuente del pacto general. Es decir, que si éste fija una pérdida de cinco puntos para el conjunto de los trabajadores, a los funcionarios se les aplique una de dos. La segunda posibilidad abierta radica en que la pérdida de este año se recupere en 1997, mediante la introducción de una cláusula de "deuda social" en los presupuesto generales de dicho ejercicio.

En cualquier caso, Granda dejó muy claro el absoluto respeto por lo que se acuerde en la mesa del pacto y que no están dispuestos a que el incremento salarial de los funcionarios para el año próximo sea cero, aunque sí lo están a que se sitúe por debajo de la inflación prevista.

Movilidad geográfica

Las centrales se oponen, por otra parte, radicalmente al proyecto de ley que reforma la función pública, aprobado por el Gobierno la semana pasada. La principal crítica sindical estriba en la movilidad geográfica. En este punto, su alternativa es que se cambie el concepto de movilidad geográfica por el de movilidad interadministraciones. Ello significa, por ejemplo, que si un funcionario trabaja en el Ministerio de Industria en Madrid y se ve inmerso en un plan de empleo que le traslada a Sevilla, pueda tener la opción a cubrir un puesto en el Ayuntamiento de Madrid o en cualquier consejería de la Comunidad. En opinión de los sindicatos, esta propuesta supondría que casi ningún funcionario tendría que "cambiar de residencia, evitando así un buen número de problemas".Las organizaciones sindicales también quieren participar en la elaboración de los planes de empleo que afecten a los funcionarios, así como en las decisiones de cambios geográficos "para evitar la discrecionalidad", señaló Granda. Estos planteamientos serán presentados al ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, en una reunión prevista en un principio para el próximo lunes.

Además, han sido remitidas por UGT a todos los grupos parlamentarios para que las tramiten, en caso de que lo consideren oportuno, como enmiendas en el debate parlamentario del proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo. De momento, el PSOE e Izquierda Unida ya se han dirigido al sindicato socialista para mantener sendos encuentros y ver la posibilidad de introducir cambios en el texto.

Mientras tanto, las dos centrales tienen prácticamente diseñado un calendario de movilizaciones y actos reivindicativos en contra de este proyecto de ley. CC OO ha decidido, por su parte, proponer a UGT la semana próxima un calendario de paros.