Pretextos frente a Schengen

DE APLAZAMIENTO en aplazamiento, la libre circulación de las personas en el territorio de la Comun¡dad Europea prevista en la Convención de Schengen va camino de ser un objetivo más próximo a cumplirse en los inicios del siglo próximo que en los finales del actual. No deja de ser una ironía, además de una muestra del desánimo que hoy se abate sobre la idea misma de la unión europea, que un acuerdo que debió haber entrado en vigor a lo largo de 1990, anticipándose con ello al plazo de enero de 1993 fijado en el Acta única, se posponga una y otra vez con los más variados pretextos.Las razones alegadas para justificar el último aplazamiento -del 1 de diciembre próximo al 1 de febrero de 1994- no son más consistentes que las que provocaron los anteriores en enero y en junio de 1993. En esta ocasión el motivo es el retraso que según parece sufre la puesta en marcha del fichero informático común situado en Estrasburgo (Francia) y la posible colisión de las disposiciones sobre el derecho de asilo previstas en Schengen con lo legislado sobre esta materia en Francia. Sin embargo, es llamativo que al menos cuatro de los nueve países comunitarios firmantes del acuerdo -Alemania, Bélgica, España y Luxemburgo- hayan considerado irrelevantes tales obstáculos y se declararan dispuestos a aplicarlo de inmediato.

En todo caso, el argumento al que han tenido que recurrir los países partidarios de la entrada en vigor del tratado de Schengen -demostrar a los ciudadanos que la Europa sin fronteras es algo más que un espacio de libre cambio de mercancías y capitales- es revelador de las distintas sensibilidades políticas que coexisten en el seno de los países comunitarios respecto del proyecto de unión europea.

Francia se ha convertido en el país más reticente a los acuerdos de Schengen desde la llegada del centro-derecha al poder en marzo pasado. Lo cual induce a pensar que las dificultades técnicas que se alegan (cooperación policial, coordinación informática, armonización de la legislación sobre estupefacientes, emigración ¡legal, etcétera...) encubren motivaciones políticas de más difícil tratamiento. En todo caso, no se comprende bien que un tratado tan previsor como el de Schengen -redactado en 1985 e inicialmente firmado por los países del Benelux, Alemania y Francia- vea obstaculizada su aplicación ocho años después por las mismas o parecidas cuestiones que urgieron a su nacimiento.

Es cierto que en este tiempo se han producido hechos tan inesperados como la reunificación alemana y el corrimiento de las fronteras naturales de la CE hacia el Este, provocando con ello una presión migratoria de difícil contención. También lo es que en estos años el asalto del narcotráfico a Europa ha aumentado peligrosamente. Pero los países europeos, y especialmente los fronterizos con el espacio exterior a la CE, no se han quedado con los brazos cruzados frente a estos cambios de escenario. España es un ejemplo de ello: ha destinado al control de sus fronteras exteriores un contingente policial nada desdeñable; ha puesto a punto su sistema informático en interconexión con el común europeo y se ha convertido en el país que más droga decomisa en sus pasos fronterizos.

Es decir, que si el Tratado de Schengen pretendía ser la pieza más simbólica de la voluntad de los europeos de unirse en un solo espacio geográfico y político -de ahí su cuidadosa y anticipada preparación-, hoy por hoy no puede decirse que tal voluntad exista o que se manifieste con el brío aconsejable. Sus sucesivos aplazamientos corren el riesgo de derivar en puro incumplimiento, como denunció en junio pasado el Parlamento Europeo.