El teatro Lavapiés

El centro de Madrid se degrada a un ritmo vertiginoso. Casas en ruina, solares cuya única utilidad es servir de refugio nocturno a algún indigente, calles de lúgubres hostales, edificios llenos de oficinas que desertizan por la noche los barrios... son imágenes que los madrileños conocen bien. En el vaciado del centro ha tenido buena culpa la desaparición paulatina de locales donde en otro tiempo se palpaba la cultura. Cines y teatros van dando paso a bancos, centros comerciales o -en el mejor de los casos- discotecas.El cine Infantas, por ejemplo, acaba de reencarnarse en supermercado. Y el teatro Lavapiés parece destinado a centro comercial. Son sólo los casos más recientes.

Lo que ha ocurrido con el Lavapiés supone una clara muestra de las decepciones cotidianas que reciben los ciudadanos.

No eran malos los proyectos que movieron al entonces alcalde, Juan Barranco, a comprar el edificio: crear allí un centro dedicado a la música castiza, la zarzuela, el chotis... También se planteó en una ocasión convertir el teatro en sede de la Banda Municipal.

Se trataba de un edificio protegido en grado 1 -el mayor nivel de protección-, que albergó en sus bajos El Molino Rojo, aquella emblemática sala de espectáculos. El inmueble fue demolido el pasado julio. Y ahora surgen varias preguntas que deberían obtener respuesta: ¿por qué pasaron cinco meses desde que se declaró la ruina hasta que se ejecutó?; ¿por qué no fue informada formalmente la comisión mixta Ayuntamiento-Comunidad sobre patrimonio?; ¿por qué se ha declarado la ruina ahora en un edificio que es propiedad municipal desde hace cinco años?; ¿por qué el director general de Patrimonio, de la Comunidad de Madrid, se enteró del hecho por la prensa, como si la desaparición de todo un edificio no fuera algo evidente o necesitara certificaciones por escrito para demostrarlo?. Y más aún: si la Comunidad de Madrid cree que el Ayuntamiento se ha saltado las normas urbanísticas, debe abrir inmediatamente un expediente sancionador. No hacerlo apuntaría a que tal vez las responsabilidades están en su propio campo.

Sin embargo, el Ayuntamiento todavía puede paliar lo ocurrido. El grado de protección 1 implica que, una vez derribado el inmueble, el nuevo edificio debe ser destinado a los mismos fines que el anterior. Eso, además, invalidaría las sospechas de especulación que una operación así lleva siempre aparejadas. Pero el alcalde aún no ha despejado las dudas.

Con esa decisión -por lo demás obligada- el deteriorado barrio de Lavapiés recuperaría un centro de atracción cultural y, con ello, mejoraría la calidad de vida de quienes lo habitan.