Los rumores de realojamiento suben el precio de las chabolas en Peña Grande

VIENE DE LA PÁGINA 1Los compradores adquieren un habitáculo sin agua ni servicios, en medio de un lodazal y con luz por enganches ¡legales. Pero creen que así obtener lo que con sarcasmo llaman "el derecho al chalé", en referencia a los poblados para chabolistas con casas baratas y bajas.

Sin embargo, sus expectativas tienen un futuro dudoso. Por un lado, las administraciones mantienen sus promesas en vía muerta. Por otro, el censo de habitantes, ya cerrado, establece claramente quién vive en cada caseta, y los recién llegados no estarán incluidos en los programas sociales, si éstos se llegan a cumplir. Mientras, el poblado obstaculiza la construcción del colector del Arroyo de los Pinos. Este sumidero es imprescindible en la zona porque el antiguo ya no da abasto. Y para cerrarlo sólo falta un kilómetro de tubería que debe pasar por debajo de donde están las chabolas.

"No sabemos qué va a pasar", ése es el comentario habitual entre los habitantes del asentamiento. Reconocen que el poblado está creciendo y que se venden chabolas cada vez a precios más altos. Pero algunos ofrecen una explicación que no tiene que ver con que se hayan creado expectativas. "Muchos que se fueron a pisos, no han podido seguir pagándolos y han regresado aquí".

Las nuevas construcciones y los cambios de dueños se han acentuado desde el mes de mayo, en que se elaboró el censo. Alguien empezaba a hacer obra afirmando que pretendía abrir un hueco para la cocina. Luego ese hueco se vendía a otra familia por 100.000 o 200.000 pesetas.

La mayoría de los habitantes del asentamiento son familias con niños. Están en situación legal, aunque algunos han tenido problemas para renovar su permiso de trabajo y residencia. Muchos hombres se encuentran ahora sin empleo y son sus esposas las que trabajan en el servicio doméstico. Para numerosas familias es imposible entrar a pagar un alquiler mensual de 70.000 pesetas porque disponen de un único salario para varias personas.

Mohamed, con ocho hijos, explica que le encantaría dejar ese lugar. "Vivimos como cerdos, sin condiciones, no como seres humanos". "Pero estoy sin empleo fijo, mi último trabajo fue de seis meses como camarero, así que no tengo paro, y sólo contamos con el sueldo de mi mujer, que es asistenta. Aunque nos vayamos a un pueblo de la sierra, un alquiler no nos baja de las 35.000 pesetas, ¿y con qué comernos?, explica.

Según aseguran trabajadores sociales de la zona, "nadie quiere moverse, unos porque no pueden pagar un alquiler; otros porque, aunque pueden, prefieren esperar a ver si les dan vienda". La Delegación Diocesana de Inmigrantes (ASTI) ofreció hace días dos pisos a dos familias. No debían pagar nada, pero en uno o dos años tendrían que abandonarlas y, con el dinero ahorrado en ese tiempo, abonar la entrada de un piso. Declinaron la oferta.