La Corte Suprema de Guatemala desautoriza al presidente De León

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha suspendido temporalmente el plebiscito convocado para el 28 de noviembre por el presidente Ramiro de León Carpio con el fin de depurar los organismos del Estado. Al mismo tiempo, la guerrilla guatemalteca ha rechazado el plan de paz del jefe del Estado. Se trata de dos reveses sufridos por el presidente centroamericano que agudizarán la crisis política en Guatemala.La Corte Suprema de Justicia no ha adoptado una posición definitiva sobre el referéndum, pero el hecho de que haya dado una plazo suplementario de 48 horas al Tribunal Supremo Electoral y a los parlamentarios que presentaron recurso contra la convocatoria popular implica que quedan paralizados los preparativos del referéndum hasta que haya un pronunciamiento definitivo.

Ramiro de León Carpio decidió convocar el referéndum para apoyar su decisión política de exigir la renuncia de los 116 diputados del Parlamento y 9 magistrados titulares del CSL

Mientras, la guerrilla guatemalteca ha rechazado el plan de paz del Gobierno por sus dudas hacia la voluntad del presidente para investigar las denuncias de violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Ejército. Sin embargo, ha aceptado seguir negociando en 1 marco de las Naciones Unidas para poner fin a una guerra civil que dura ya 30 años y que ha causado 150.000 muertos.

El Gobierno confía, a pesar de todo, en sentar las bases de una nueva ronda negociadora en una primera reunión "discreta".

El presidente de la Comisión gubernamental de Paz, Héctor Rosada, insistió en poner objeciones al mediador que representa a la Iglesia católica, al que acusó de falsa de objetividad, pero subrayó que el plan es "una propuesta política y no un reglamento de tránsito", y se limita a indicar unas líneas generales sin poner "todas las cartas sobre la mesa".

Carácter de "ultimátum"

La Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), en armas desde 1960, rechazó ayer el plan, anunciado por el Gobierno la semana pasada, y criticó su carácter de "ultimátum" y el retroceso que supone sobre las negociaciones iniciadas en 1991 e interrumpidas en mayo pasado.

Rosada reconoció que la nueva propuesta, que fuentes diplomáticas consideran "más dura que la anterior", intenta quitar protagonismo a la URNG, la cual, manifestó, se apropió del discurso de la sociedad civil.