La contrapartida es el empleo

TAL VEZ, después de todo, el Gobierno sí tenía un plan, y la idea central del mismo era la de aprovechar la profundísima crisis para purgar la economía española de sus condicionantes más negativos: un déficit público disparado y un mercado de trabajo insensible a la coyuntura. Establecida la influencia de ambos factores en el crecimiento del paro, el pacto por el empleo buscaría el aval -o al menos la no beligerancia- de los sindicatos a las reformas intentadas en relación a tales factores. El fracaso de la primera fase de la negociación, la que tenía que ver con los presupuestos, no tiene por qué repetirse en la segunda, que ahora se inicia, sobre la política de rentas y el mercado de trabajo. Seguramente no era realista esperar que las centrales convalidasen recortes en las prestaciones sociales de cuya existencia habían hecho bandera. En cambio, es posible que los sindicatos estén dispuestos a aceptar sacrificios salariales a cambio de mejores perspectivas para el empleo.El intento de contener el déficit público mediante unos presupuestos austeros resultará vano si no va acompañado de reformas en el mercado de trabajo. La ineficiencia de ese mercado se comprueba en el hecho de que, con tasas de paro en torno al 20%, los salarios hayan seguido creciendo casi dos puntos por encima de la inflación con la paradoja añadida de que algunos de los territorios y sectores más castigados por la crisis (siderurgia vasca, minería asturiana) han sido los de mayor crecimiento salarial. Ésa es una de las causas de la pérdida de competitividad -y consiguiente aumento del desempleo: 60.000 parados más en septiembre- de la economía española, sólo en parte compensada con las devaluaciones. Al mismo tiempo, el coste de las prestaciones por desempleo se ha doblado, en porcentaje del PIB, entre 1984 y 1992, aunque el número de parados era similar en ambas fechas (algo mayor en 1984). El aumento se ha producido sobre todo entre 1989 y 1992: a partir de los acuerdos firmados tras la huelga general de 1988 y hasta los recortes del decretazo del año pasado.

De los nuevos recortes aprobados el viernes por el Gobierno, el más importante es el que relaciona las indemnizaciones por despido con las percepciones del seguro de paro. La compatibilidad entre ambas, a veces escandalosa -con indemnizaciones de muchos millones de pesetas-, era una de las singularidades que han convertido el sistema español de protección del paro en el más caro de la Comunidad Europea (CE), según un informe reciente del Banco de España. El informe considera que la influencia de esa situación no se limita al aumento del déficit público, sino que desincentiva la búsqueda activa de trabajo, por lo que "la recuperación del empleo requiere, además de acuerdos de moderación salarial, una reforma del sistema de relaciones laborales que restablezca la coherencia y flexibilidad necesarias".

Los sindicatos sólo avalarían recortes del gasto social si fueran acompañados de compromisos precisos sobre creación de empleo. Pero ni el Gobierno ni la patronal pueden garantizar tal cosa en nombre de los empresarios particulares. El acuerdo puede generar condiciones favorables para el empleo, pero no un determinado número de puestos de trabajo al margen de la coyuntura general. El acuerdo de los sindicatos también se vería favorecido por la adopción de medidas contra el fraude fiscal de los empresarios -en el impuesto sobre la renta y sobre todo en relación al IVA- de similar eficacia a la desplegada contra el fraude y los abusos en el acceso a las prestaciones sociales. Pero al mismo tiempo se intenta aliviar la carga impositiva de los empleadores mediante las llamadas vacaciones fiscales y otras bonificaciones orientadas a estimular la inversión y el empleo.

De ahí la dificultad del pacto por el empleo. Si pese a todo sigue siendo posible un acuerdo es porque las centrales adelantaron al comienzo de la negociación su disposición a pactar aumentos salariales plurianuales y tomando como referencia la inflación prevista. Una de las dos condiciones más decisivas para crear empleo es la reducción de las incertidumbres sobre los costes salariales. La otra es la recuperación del clima de confianza necesario para estimular la inversión. Y ambas dependen de la existencia de un pacto de rentas como el que ahora va a negociarse. Tal vez, por tanto, la constatación de sus desacuerdos con las medidas gubernamentales de contención del gasto social no sea incompatible con un acuerdo salarial razonable de los sindicatos. Y tal vez ese acuerdo permita, retrospectivamente, dulcificar algunos de los recortes. Pero la principal contrapartida es el empleo mismo: crear las condiciones que lo hagan posible.