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Leguina aprovecha la nueva Asamblea para 'colar' dos consejerías

El Ayuntamiento aceptará este mes el nuevo uso de la zona tras estudiar el impacto sobre el tráfico

Javier Casqueiro

El debate sobre la construcción de la nueva Asamblea de Madrid en la calle de O'Donnell está, ahora, en la cancha institucional. El presidente de la Cámara, Pedro Díez, de IU, se niega a esperar más tiempo en el ruinoso caserón de San Bernardo a que empiecen las obras. Da una semana de plazo para no optar definitivamente por otros solares, vacíos, en Vallecas. El Gobierno regional no renuncia a que el traslado a la antigua Maternidad, evaluado en 2.000 millones de pesetas, se rentabilice con el añadido de un bloque de oficinas -dos veces el de la Asamblea que costará otros 2.000 millones y albergará las Consejerías de Salud y de Hacienda. Y el Ayuntamiento, que tiene que modificar el uso de ese espacio y dar la licencia de obras, pone reparos al tamaño de la operación por su repercusión en el tráfico.La prioridad de un nuevo edificio que recoja las necesidades del Parlamento regional, administrativas y políticas, nadie la discute. La calidad del proyecto y la espectacularidad de su hemiciclo transparente, tomado sobre el modelo del parlamento regional del land alemán de Baviera, con una simbólica visibilidad de los escaños desde la calle, ha sido valorada también por todos los implicados.

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Instaladas en la riña

Las dos administraciones afectadas, sin embargo, llevan un año instaladas en la riña celosa de sus competencias. Ninguna regala nada y el primer paso, ahora, lo tiene que dar la Gerencia Municipal de Urbanismo.

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Al concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde, José Ignacio Echeverría, le ha gustado -con matices- la solución ofrecida por los servicios técnicos de la Consejería de Política Territorial de la Comunidad para levantar el último edificio institucional que falta en Madrid. No obstante, dice haber sido sorprendido por la inclusión en la misma finca de un imprevisto bloque de oficinas para consejerías de la Comunidad.

El presidente del grupo parlamentario del PP en la Asamblea, Alberto Ruiz Gallardón, se expresó en este mismo sentido el pasado miércoles tras una visita protocolaria al presidente autonómico, Joaquín Leguina. El PP regional apoyó hace tiempo, como IU, la iniciativa de montar el nuevo Parlamento en el solar disponible de la calle de O'Donnell.

Los responsables del Gobierno regional y de la Asamblea no entienden esta actitud de sorpresa de los representantes del PP porque ya el pasado 4 de marzo, cuando se presentó en la Gerencia de Urbanismo la necesaria modificación de usos para el plan general, se incluían en la memoria inicial los dos objetivos de la operación O'Donnell: trasladar el Parlamento y resolver la ubicación actual en alquiler de departamentos de dos consejerías que le cuestan a la Comunidad 500 millones de pesetas al año.

El proyecto, por otra parte, fue presentado este verano -con planos, maqueta y oficinas para consejerías- en la antigua sede de la Asamblea de la calle de San Bernardo, ante los portavoces de todos los grupos políticos y entonces Ruiz Gallardón no puso ningún tipo de reparos.

Atrapados políticamente por luchas ajenas, tanto el arquitecto redactor del proyecto como el presidente de la Asamblea, Pedro Diez Olázabal, se han visto obligados a extremar la flexibilidad y su afán negociador.

Echeverría tiene desde hace una semana sobre la mesa la maqueta del proyecto y ha despachado tanto con su autor material, Ramón Valls, como con el coordinador encargado de la Asamblea para llevar adelante la actuación, Jacinto Martín.

Esperanzas municipales

El edil ha concedido esperanzas, pero no ha engañado a los promotores. Echeverría, y también el gerente de Urbanismo, Pedro Areitio, y los concejales de los distritos cercanos de Retiro y Salamanca mantienen una postura recelosa sobre el aumento del volumen de edificabilidad de la zona y ante el empeoramiento del tráfico con más oficinas. "Tengo que verlo bien y analizarlo tanto con la oficina que se encarga de la revisión del plan general como con los concejales, además de encargar un estudio de movilidad", manifestó el segundo teniente de alcalde.

Areltio fue mucho más tajante en su negativa. "El volumen de edificabilidad planteado para la Asamblea es de 10.000 metros cuadrados y eso es perfectamente posible porque ahí está limitado por el Plan General de Ordenación Urbana a 15.000. Lo que nunca permitiremos de golpe es que nos metan dos consejerías porque esa cifra aumentaría hasta 30.000 metros cuadrados".

Estos datos, aparentemente irrebatibles, también son interpretables, como suele suceder. El denostado por el PP Plan General de 1985 fijaba un uso urbano para esa finca de 10.030 metros cuadrados, con una edificabilidad de 16.048 metros cuadrados, ocho plantas y una ocupación de 5.015 metros cuadrados. La situación actual es de equipamiento sanitario, con 31.500 metros cuadrados de edificabilidad, cinco plantas y 6.208 metros cuadrados de ocupación. El nuevo proyecto mantiene escrupulosamente esos datos, esas alturas y ese volumen, pero para uso administrativo.

Echeverría admite que podría llevar el cambio de catalogación en el plan general al pleno ordinario de este mes y que a partir de ese momento, posiblemente antes de navidades, permitiría el inicio de las obras de derribo del bloque actual incluso antes de firmar la licencia de obras. Pone una condición: que los estudios de movilidad le demuestren que

la operación no supone una sobrecarga de tráfico. Ha encargado los trabajos a la Concejalía de Circulación.Los autores y responsables políticos del plan autonómico están completamente seguros de sus intenciones. El proyecto contempla dos plantas de aparcamiento debajo de todo el solar con capacidad para más de 600 vehículos. Esta solución aceptaría, según los promotores, tanto rebajar como aumentar esas plazas con más o menos sótanos y dedicar un número a determinar de estacionamientos para los residentes de las casas colindantes.

Sobre la movilidad de los coches, también hay versiones contrapuestas. El Ayuntamiento mantiene que la calle de O'Donnell ya padece demasiada circulación. Los portavoces en este asunto de la Comunidad replican que a la Consejería de Hacienda va muy poca gente, como se demuestra a diario en la plaza de Chamberí, y que lo que se propone para la de Salud es ampliar sus dotaciones actuales.

El consejero de Salud, Pedro Sabando, también tiene una: postura firme ante el proyecto. La Maternidad buscará una nueva ubicación pero su Consejería saldrá ganando con el cambio porque en el edificio de oficinas a construir se le reservarán varias plantas para "esponjar" sus comprimidas instalaciones.

Sabando defiende que el bloque para las consejerías es el que da rentabilidad a la operación, tanto por lo que supone al aumentar el patrimonio de la Comunidad como por el ahorro en alquileres.

Pedro Díez no quiere oír ya más promesas. Ha establecido todos los contactos precisos, ha fijado el presupuesto necesario, ha pedido la colaboración de Leguina y también del alcalde, José María Álvarez del Manzano, y se la han dado de palabra. Ahora quiere una respuesta, firme y escrita, en menos de una semana. En caso contrario, amenaza con marcharse con la Asamblea -tal y como está proyectada- a Vallecas.

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Sobre la firma

Javier Casqueiro
Es corresponsal político de EL PAÍS, donde lleva más de 30 años especializado en este tipo de información con distintas responsabilidades. Fue corresponsal diplomático, vivió en Washington y Rabat, se encargó del área Nacional en Cuatro y CNN+. Y en la prehistoria trabajó seis años en La Voz de Galicia. Colabora en tertulias de radio y televisión.

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