Los consejeros de La Rioja y Extremadura, radicalmente en contra de la propuesta de Hacienda

Las últimas reticencias al acuerdo entre la coalición nacionalista Convergéncia i Unió y el Gobierno para la cesión del 15% del IRPF parecen haber desaparecido. El comité ejecutivo de CDC dio anteanoche luz verde al consejero de Economía de la Generalitat, Maciá Alavedra, para que mañana firme el documento en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Los nacionalistas catalanes que no se muestran especialmente, eufóricos sobre la compleja fórmula técnica propuesta por el Ministerio de Hacienda -la cuarta en un mes- sí valoran el giro político que supone en los planteamientos defendidos hasta fecha reciente por el Gobierno y que permiten caminar hacia la corresponsabilidad fiscal en España.

De la escasa información que se facilitó a los miembros del comité ejecutivo de Convergéncia -con la excusa de que lo mejor era no explicar nada para que no hubiera filtraciones a la Prensa- se deduce que se garantizan dos requisitos que eran básicos para la Generalitat: que se premie el esfuerzo fiscal de cada autonomía, aunque sea mínimamente, y que se calcule la recaudación normativa por dos años, dentro de un acuerdo de cesión por tres años.

Hacienda ha vuelto a introducir modificaciones en la fórmula en la que se concretará la cesión del impuesto a las autonomías. Por un lado, cambia la previsión recaudatoria, que ahora se calculará sobre la recaudación real de 1993, en vez de la de 1991. Hacienda cree que la recaudación de este año está más cercana a la realidad económica en un momento en el que los ingresos por impuestos están estabilizados o descendiendo debido a la crisis.

Esfuerzo fiscal

Por otro lado, Hacienda sigue garantizando un premio al esfuerzo fiscal, aunque plantea que ninguna comunidad pueda ingresar un 0,5% más ni un 0,1% menos de lo que recibe como participación en los ingresos del Estado por el sistema actual. Calculado sobre la participación en los ingresos del Estado la ganancia teórica de Cataluña sería de unos 1.300 millones. Los técnicos del PP elevan esa cantidad a 5.000 millones.

Maciá Alavedra explicó a la ejecutiva de CDC que el Gobierno estaba jugando bien sus cartas para atraer el mayor número de autonomías al acuerdo entre Hacienda y la Generalitat y mentalizó a los dirigentes nacionalistas, para que tomaran conciencia de que se abría una negociación "que será permanente si queremos seguir avanzando".

Pujol comparte el análisis de Alavedra y, en privado, agrega que las condiciones técnicas para el acuerdo son aceptables y que supone "tardíamente" el reconocimiento a las reivindicaciones de la Generalitat.

No obstante, todo apunta a que se están sentando las bases para el acuerdo en los Presupuestos Generales del Estado. Los silencios de Pujol en esta cuestión han dado pie a todo tipo de interpretaciones. La inestabilidad política le sirve como pretexto para justificar su apoyo.

A las reuniones del lunes de las direcciones de CDC y de UDC siguió ayer por la mañana una reunión del comité de enlace entre ambos partidos que presidió Jordi Pujol. El encuentro sirvió para analizar la negociación sobre IRPF y presupuestos, quedando claro que los nacionalistas presentarán enmiendas.

Fuentes del PP señalaron ayer que la nueva fórmula que el Gobierno ha presentado a las comunidades rompe los criterios de neutralidad comprometidos en su día por el jefe del Gobierno, Felipe González, con el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, informa Victorino Ruiz de Azúa. La nueva propuesta para el cálculo del 15% tendría validez sólo durante los dos próximos años. Los fondos recaudados llegarían a las comunidades tras la liquidación del impuesto sobre la renta, es decir, en el ejercicio siguiente, lo que según el PP rompería el principio de automatismo en los ingresos.

El cambio más importante consiste en que los ingresos de las comunidades autónomas podrán aumentar por la cesión del 15% sobre lo calculado en la PIE (Participación en los ingresos del Estado), aunque con un tope máximo preestablecido para evitar grandes desequilibrios. Según fuentes del PP, la nueva fórmula puede satisfacer a CiU, pero provocará protestas de las comunidades con menores ingresos.

De hecho, los consejeros de Economía de La Rioja, Florencio Alonso, y de Extremadura, Manuel Amigo, mostraron anoche su completo y total desacuerdo con Ios topes máximos" impuestos por el Gobierno en la cesión del 15% del IRP, porque, dijeron, "es un enjuague absoluto para contentar a ciertas comunidades", informa Efe.

Manuel Amigo comentó anoche, a la salida de la reunión que mantuvieron en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, que el modelo fijado ahora por el Gobierno establece unos topes mínimos y máximos que supondrían unas ganancias de 10.000 millones de pesetas para Cataluña en el segundo año de aplicación del sistema, frente a los 40 millones que, por ejemplo, recibirá La Rioja.