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El debate en el seno del PSOE

Cuando el pasado domingo leí la crónica que publicaba EL PAÍS de mi intervención en las jornadas de debate internas del PSOE en Bilbao, sentí tal indignación por lo que me pareció una simplificación deformada de mis opiniones y por un conjunto de citas a mí atribuidas descontextualizadas y a veces hasta falsas que mi primera reacción fue escribir una carta al director de este periódico.Después pensé que esta necesaria rectificación podrá quizá ser más útil a todos si en vez de tomar dicha forma adquiría la de un artículo en el que pudiera expresar mis opiniones sobre el debate que debe tener lugar en el PSOE y algunas consideraciones sobre las formas que debería adoptar.

Dirigiré primero mi atención al contenido del debate tal y como yo lo entiendo. Si en estos momentos hay quien cree que el papel de la socialdemocracia en nuestros países está en crisis, es, en mi opinión, por dos razones: primera, porque el estrepitoso fracaso del comunismo ha dado alas a quienes mantuvieron políticas liberales, anti-intervencionistas y sustentaron su creencia en el beneficio general que se deriva del egoísmo individualista; segunda, porque muchos creen observar una creciente reacción ciudadana contra lo que algunos han llamado " excesos" del Estado de bienestar, particularmente exacerbada en una época de recesión económica y fuerte crisis fiscal de las Haciendas públicas. A ello hay que añadir la fuerte corriente crítica que existía desde la segunda mitad de los años setenta contra el paradigma keynesiano y su capacidad de producir pleno empleo mediante el uso de políticas fiscales.

Lo primero que los socialistas tenemos que hacer es reconocer cuanto hay de fundamento en estas pretensiones críticas. Saber si son sólo, como algunos pretenden, el intento abusivo por parte de determinadas posiciones políticas conservadoras de aprovechar la confusión que la caída del comunismo -y, sobre todo, su pobre herencia, que ahora hemos podido comprobar- y los graves quebrantos producidos por la crisis económica producen en unas poblaciones que se sienten inquietas y perplejas por estos y otros aspectos a los que aludiré luego.

Como esto no es la explicación de mis tesis, sino sólo un catálogo de los temas que considero que deberíamos debatir, permítame el lector que, en relación con lo dicho, tan sólo muestre unas someras opiniones introductorias. Aunque es evidente que en esta situación los conservadores y los reaccionarios acercarán el ascua a su sardina sacando conclusiones precipitadas a su conveniencia, yo estoy persuadido de que detrás de estos dos acontecimientos -la caída del comunismo y la crisis del Estado de bienestar- existen motivos serios para abrir una reflexión crítica dentro de un partido como el PSOE.

Ya sé yo que el PSOE ha estado históricamente lejos del comunismo y nunca ha defendido un sistema, como el soviético, que jamás ha confundido con el socialismo. Pero también es verdad que entre los socialistas no han faltado nunca quienes creyeron que era superior el principio de igualdad al de libertad o que era posible la equidad despreciando la eficiencia. No faltan entre nosotros quienes confunden mercado con capitalismo y quienes encuentran dificultades para conciliar la tendencia democrática hacia la igualdad y la lucha contra la injusticia y la pobreza con la necesidad de reconocer el esfuerzo y el mérito personal manteniendo entre los individuos los estímulos motores de la transformación económica y social. Nosotros, los socialistas democráticos, no hemos tenido nada que ver con ese falso socialismo que se practicaba en la URSS, pero el espectáculo doloroso de su balance final es un buen motivo para ordenar nuestras ideas y reconsiderar nuestros valores, al tiempo que nos sirve de advertencia sobre los costes sociales y humanos de las utopías o de los voluntarismos políticos.

Por lo que se refiere al Estado de bienestar, es bien conocido que sólo es posible financiarlo mediante un sistema justo y adecuado -es decir, progresivo- de impuestos que pagan los ciudadanos. En una democracia moderna cada vez más transparente, éstos quieren tener un conocimiento cabal de cómo estos impuestos se gestionarán y exigen con razón, junto con una Administración pública eficaz, una gestión adecuada de los programas sociales que desarrollan el llamado Estado de bienestar. Sociólogos y politólogos han señalado, en estudios recientes en países de nuestro entorno, que los ciudadanos son crecientemente críticos con el funcionamiento de dichos programas sociales, y no habremos de avanzar nada quienes defendemos la existencia de los mismos achacando esas críticas sólo a la ola conservadora de insolidaridad que nos invade.

Quienes creemos que estos esquemas de solidaridad de carácter coercitivo son expresiones de un avance en la civilización que ha resultado del triunfo de valores como la fraternidad, el altruismo y la tendencia a la igualdad, debemos estudiar el fundamento de estas críticas, y, separando las que lo tienen de aquellas otras que carecen del mismo, introducir las reformas necesarias. Éstas son, en mi opinión, algunas de las preguntas que nos podemos hacer a partir de la reflexión realista de que existe una cuantía limitada de recursos humanos y financieros para hacer frente a todos los objetivos sociales de un Estado de bienestar moderno:

1. ¿Es lógica la universalización de los beneficios contemplada en los programas sociales sin tener en cuenta las circunstancias personales de necesidad de los potenciales beneficiarios?

2. ¿Es razonable ayudar igualmente a quien está haciendo un esfuerzo para salir de la situación cubierta por el derecho contemplado -desempleo- o por mejorar -becas de estudio, apoyos en general a la educación y formación- que al que no está haciendo ese esfuerzo?

3. ¿Estamos razonablemente seguros de que los importantes recursos dedicados a la política social se gestionan eficazmente o convendría introducir reformas en la administración y gestión? ¿Qué papel podría jugar en esto la introducción de un sistema moderado de precios y costes?

4. ¿Es posible, con el sistema actual, evitar el fraude que se produce en algunos de estos programas sociales o hay que modificar el sistema a fondo?

5. ¿Estamos convencidos de que un sistema de protección social que puede prestarse al abuso no vaya a producir efectos perversos sobre la actividad y el empleo?

Mucho más discutido ha sido en el pasado el tema del intervencionismo económico por parte del Estado (ya sea a nivel macroeconómico con políticas de corte keynesiano o tendentes a proteger la economía del país de la competencia exterior, ya sea a nivel microeconómico mediante la producción directa de bienes y servicios distintos de los propios de un Estado de bienestar). La discusión todavía continúa, aunque hoy bastante más desprovista de carga ideológica que hace algunos años. El papel del Estado en estas materias ha de ser reconsiderado, en mi opinión, con gran prudencia a la vista de la experiencia histórica, que no se salda con un favorable balance para el Estado.

He dicho antes que estas consideraciones se producen en el seno de una sociedad que parece sentirse angustiada por los cambios producidos en algunas de las variables de entorno más relevantes, como la aceleración del proceso tecnológico y la tendencia a la introducción creciente de técnicas productivas ahorradoras de mano de obra o la globalización de las economías cuya apertura les condena a la persecución ineluctable de la competitividad. Ambos fenómenos se alimentan mutuamente: la rápida introducción de tecnologías obliga a los países a vigilar sus costes y condiciones de competitividad si quieren mantener la actividad y el empleo, y, a su vez, la apertura económica obliga, antes o des

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El debate en el PSOE

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En un mundo cambiante y competitivo es válido preguntarse si nuestras instituciones y nuestra propia mentalidad son lo suficientemente flexibles para hacer frente a tantas transformaciones. ¿Es nuestra legislación laboral la adecuada a este mundo en transformación o es demasiado rígida y más apropiada para un mundo en el que la competitividad tenía una trascendencia menor que en el actual? ¿Facilitan el pleno empleo las instituciones del mercado de trabajo o lo dificultan? ¿Tiene porvenir un repliegue proteccionista o debe desestimarse? ¿Cómo va a verse afectado el orden económico- mundial por la globalización económica? ¿Es posible mantener a largo plazo a la industria y la agricultura sometidas a fuerte competencia internacional sin incrementar por procedimientos imaginativos la competencia en los servicios?

Finalmente, y entre los temas que creo son preocupación de todos están los que podríamos englobar bajo el epígrafe general de la administración de los recursos naturales, fundamentalmente el agua, el aire y el suelo (incluido el subsuelo). El crecimiento de nuestro país no puede en el futuro hacerse sin considerar dichos recursos como parte del problema de un crecimiento equilibrado y no agresivo con la naturaleza, no sólo como datos del problema, sino también como variables que hay que integrar en el proceso de desarrollo económico. En relación con estos temas, las siguientes preguntas podrían ser pertinentes:

¿Nuestras convenciones sobre el carácter público o privado de estos bienes son adecuadas en estas nuevas circunstancias?

¿Deberían los mecanismos de mercado tener un papel mayor en la administración de los mismos?

¿El entramado de disposiciones administrativas que requiere el uso de estos recursos es el adecuado?

¿La distribución de competencias administrativas entre los diferentes niveles está funcionando correctamente o más bien facilita el conflicto?

Como podrá ver el lector, hay una serie de temas de debate que tienen, en mi opinión, una enorme trascendencia.

Respeto a quienes están fijando más su atención en temas tales como la cultura del partido socialista o sus relaciones con la sociedad. Son temas que a mí también me apasionan, pero no deseo entrar en ellos en este momento y limitaré mi particular catálogo de temas de debate a los ya mencionados.

Ahora dirigiré mi atención a la forma -o las formas- del debate.

Primero, creo que este debate debe ser público y abierto. Nadie debe temer decir fuera lo que estaría dispuesto a decir dentro de los órganos de discusión y las convenciones del partido socialista, y, en todo caso, si lo dice con luz y taquígrafos se reduciría el riesgo de las filtraciones interesadas o de los resúmenes simplificadores de lo que haya sido su posición. Por lo que a mí se refiere, no solamente estoy en favor del debate público, sino que no participaré en el futuro en aquellos que supuestamente sean a puerta cerrada.

Segundo, nadie debe ser excluido o eliminado del o por el debate. Quien tenga propuestas debe avanzarlas sin temor a quedarse en minoría. Las minorías y las mayorías cambian con el tiempo, como es sabido.

Tercero, nadie está en condiciones de excomulgar a nadie. Nadie tiene las referencias del socialismo verdadero en sus manos ni es depositario de sus esencias.

Cuarto, discutamos con respeto al adversario. No valen las descalificaciones o las supuestas atribuciones de ignorancia al adversario. Lo único que valen son los argumentos y la capacidad de convicción.

Quinto, nadie debe construir maniqueísmos con las posiciones de sus adversarios, más que nada porque le obligan a pensar poco y empobrecen su contribución al debate.

Sexto, nadie debe contestar a lo que dicen que dice un compañero, sino a lo que realmente ha dicho o expuesto.

Dentro de este debate deben. dejarnos indiferentes las vanidades personales de los contendientes o la asunción de conocimientos exclusivos, en uno u otro tema, en función de las responsabilidades que eventualmente cada uno ocupe.

Creo yo que si respetamos estas reglas elementales, podremos llevar a cabo un debate sincero. Si además es fructífero, sólo el tiempo lo dirá.

es presidente del Grupo Parlamentario Socialista.

* Este artículo apareció en la edición impresa del lunes, 04 de octubre de 1993.

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