El Partido Popular asegura que son "varios cientos" los contratos blindados en las empresas públicas
Un contrato blindado, una póliza de seguro o un suculento plan de pensiones pueden convertir a un directivo empresarial en un parado de lujo al día siguiente de dejar su puesto. Esas tres modalidades constituían hasta ahora los caminos más habituales reservados al personal de alta dirección de empresas privadas para asegurarle un cese sin sobresaltos económicos. Pero el 5 de agosto pasado, el ministro de Economía, Pedro Solbes, certificó ante el Congreso que la Administración Pública y sus aledaños empresariales han optado por incentivar a sus directivos a través de las mismas fórmulas. La diferencia estriba en que el mullido colchón del cese se rellena con dinero público y se guarnece con la más absoluta oscuridad.
El Partido Popular (PP) y su diputado por León Manuel Núñez, han decidido inquietar el sueño de esas despedidas multimillonarias. Quieren saber cuántas personas -"varios cientos", según ellos- se han beneficiado en la Administración Pública de este tipo de indemnizaciones y cuánto dinero se han llevado estas prebendas.El diputado popular asegura que el problema se concentra en las sociedades estatales y en los organismos públicos que se prestan y gestionan en régimen de monopolio, y confirma que su partido realiza una investigación dificil para conocer la extensión de estas prácticas indemnizatorias que perciben los altos directivos públicos, tanto si son destituidos como si abandonan el puesto por su voluntad.
El pasado 5 de agosto marca, casi con seguridad, una frontera en este campo. Ese día, el ministro de Economía, Pedro Solbes, al presentar en el Congreso su informe extraordinario sobre la economía española, avanzó algunos propósitos de la política gubernamental y se adentró a definir la postura del Gobierno "como empleador". Entre las contrapartidas a las peticiones de austeridad en la política de rentas, Solbes aseguró que las sociedades estatales "a partir del momento actual no podrán pactar con su personal de alta dirección ninguna cláusula que implique indemnización de cualquier tipo por extinción de su relación orgánica o laboral especial, cualquiera que sea la causa que la motive".
Solbes acababa de constatar, implícitamente, que, hasta ese momento al menos, las cláusulas indemnizatorias existían y por distintas causas.
Aquella misma mañana, Rodrigo Rato, portavoz del Grupo Popular, mostró su alarma y adelantó la estrategia que ahora ha puesto en marcha su partido: "O sea, que ustedes han estado contratando, a lo mejor, a miembros de su partido y les han dado contratos blindados". Rato preguntó a Solbes: "¿A cuántos?, ¿por cuánto dinero?, ¿qué relación tienen con ustedes?", y trató de hostigar al ministro de Justicia, Juan Alberto Belloch: "Actúe usted, ¿eh?, porque eso no se puede hacer. No sé si en las condiciones de su incorporación al Gobierno [Belloch es independiente] estaba obviar- este asunto".
Tres anualidades
Mes y medio después, Núñez preguntó al ministro para las Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, por este mismo asunto. Los datos que manejó hace 15 días en el Congreso los amplía el diputado experto del PP en cuestiones de Administración para concretar que, según sus averiguaciones, las cláusulas indemnizatorias de los contratos blindados consisten, generalmente, en el pago, cuando se rescinden, de dos a tres anualidades. Núñez asegura que, de acuerdo con las retribuciones habituales, la indemnización se sitúa entre los 80 y los 100 millones para los presidentes, consejeros delegados y directores generales de empresas como Tabacalera, Iberia, Telefónica, Renfe o Campsa. Para los puestos directivos de segundo nivel, la media ronda los 30 millones, calculando anualidades de sueldo en torno a los 12 millones.Pero el PP cree saber que, tras la intervención de Solbes el 5 de agosto, se alertó a los beneficiarios de estos contratos, que han sido sustituidos, en muchos casos, por pólizas de seguro -también existían antes de esa fecha-que, al cesar los beneficiarios en sus puestos, les aseguran el cobro de cantidades equivalentes a dos o tres anualidades. Núñez afirma que en Tabacalera, por ejemplo, se han suscrito pólizas para directivos que garantizan tres anualidades, y en Telefónica, entre dos y tres, según los casos.
Otra modalidad para compensar el cese de directivos y altos cargos la ha rastreado Núñez en la existencia de planes de pensiones que garantizan, al cumplir la edad de jubilación, la percepción de cantidades equivalentes al sueldo de tres o cuatro anualidades. No se trata del régimen general de la Seguridad Social, sino de fondos de pensiones de las propias empresas, como, por ejemplo, el de Telefónica.
Pero el diputado asegura que en muchas ocasiones se comete un fraude respecto a esos fondos, al reconocer a algunas personas, cuando son nombradas para un alto puesto directivo, una antigüedad superior a la real, en varios años, con objeto de justificar la percepción futura.
Aún hay otro aspecto que inquieta a Núñez: presidentes o altos ejecutivos que han pasado a puestos similares en otras empresas tras aprovechar el cese en su puesto para cobrar las indemnizaciones del blindaje.
