Catálogo sanitario

EL ANUNCIO de que se van a catalogar -"poner por escrito", puntualizó la ministra de Sanidad, Ángeles Amador- las prestaciones sanitarias ha traído de nuevo la inquietud entre los beneficiarios de la Sanidad pública. La medida suena a recorte y afecta al núcleo mismo del sistema público de salud: el de los tratamientos médicos y terapéuticos que dispensa.Pero la inquietud debería basarse, más que en la medida en sí, en el método que finalmente se adopte: si por decreto y por motivos preferentemente economicistas, o por decisión consensuada con los agentes sociales y profesionales, es decir, por estrictos motivos de eficacia. Aunque la Sanidad pública contribuye al déficit público global con un agujero de medio billón de pesetas (el PP lo evalúa en un billón), la titular de Sanidad parece desvincular la medida de esta circunstancia al afirmar que "nada tiene que ver con los recortes presupuestarios".

Entre las reacciones que ha provocado, todas ellas, lógicamente, de preocupación, las de los sindicatos parecen no oponerse de plano si antes se hace "una evaluación rigurosa del Sistema Nacional de Salud y siempre que la medida repercuta en una mejora de la gestión y no en un mecanismo para recortar prestaciones".

Saber de antemano qué puede esperarse de un servicio público es una condición básica para que funcione bien. Además, parece dificil que sin esta información previa el ciudadano pueda hacer un uso racional del servicio. La cuestión depende de cómo se haga ese catálogo de prestaciones y si, por presiones presupuestarias del momento, se traduce en una poda pura y dura de tratamientos médicos y sanitarios clínicamente eficaces y financieramente insoportables para el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos. La ministra de Sanidad ha negado insistentemente esa posibilidad, pero también ha dicho que es urgente una reflexión sobre el actual marco asistencial desde la perspectiva de que no puede cubrir todo. Las dudas, pues, no están despejadas por entero. De ahí la conveniencia de que el futuro catálogo de prestaciones sanitarias sea obra de una comisión lo más amplia posible, con la participación no sólo de la Administración, sino de los estamentos sanitarios y de las organizaciones representativas de los usuarios.

En principio, los criterios avanzados por el Ministerio de Sanidad para la elaboración del mencionado catálogo son válidos porque son ambiguos. Decir que sólo se financiarán las prestaciones de "eficacia clínica probada, de relevancia individual y social y de carácter auténticamente sanitario" es decir mucho y nada. Por ejemplo, ¿cumplen o no estos requisitos el aborto de una joven violada o el de una mujer cuyo embarazo provoca graves riesgos a su salud? Definir, pues, con rigor esos requisitos y aplicarlos luego con igual seriedad a los diversos campos de la atención sanitaria sería tarea de esa comisión, como garantía de credibilidad. y de aceptación social. Un catálogo que, obviamente, nunca podría estar cerrado, sino en revisión permanente según la evolución de las patologías y el nivel de salud de la población.

Nadie puede cuestionar la necesidad de que el modelo sanitario público, y en general el resto de servicios sociales, se adapte a la crisis económica y a las condiciones de financiación directamente vinculadas a las tendencias demográficas y de empleo previstas en los próximos años. Lo que puede ser cuestionable es el método con que, a veces, se elaboran decisiones que afectan a la gran mayoría de los ciudadanos y en aspectos esenciales para su calidad de vida. En todo caso, existen medidas de racionalización de la Sanidad pública -en definitiva, adaptar su estructura organizativa y los recursos disponibles a sus objetivos y necesidades- que no son económicamente costosas ni socialmente traumáticas. La cita previa, la tarjeta sanitaria o, recientemente, la libre elección de médico y pediatra son medidas que mejoran la imagen de la Sanidad pública, la calidad de la asistencia, y, a medio plazo, pueden ser un freno muy efectivo a la expansión insostenible de sus gastos.