Patronal y sindicatos coinciden en critcar que el presupuesto de 1994 no sirve para crear empleo

Los empresarios y los sindicatos coincidieron en sus críticas al presupuesto de 1994, al considerar que éste no servirá para crear empleo ni para impulsar la actividad económica. Con esta valoración concluyó ayer la primera fase de negociaciones sobre el pacto social, en la que los interlocutores sociales han mostrado serias discrepancias con el Gobierno en materia de desempleo, pensiones y en las medidas a aplicar para reactivar la economía. Mientras que las centrales expresaron su decepción y la patronal CEOE destacó que el desacuerdo ha sido la nota dominante, el secretario de Estado de Economía, Alfredo Pastor, aseguró que la ronda ha servido para clarificar posturas.

Empresarios y sindicatos daban muestras de desánimo al término de la reunión que celebraron ayer con el Gobierno en la que se debatieron medidas reactivadoras a la economía. El vicepresidente de la CEOE, Arturo Gil, afirmó que en la mesa de ayer no se habían efectuado aportaciones nuevas e insistió en que para la patronal la negociación del pacto, "de lo que realmente es responsabilidad de empresarios y sindicatos (política de rentas, negociación colectiva, formación profesional y reforma del mercado laboral) empieza el próximo lunes 4", cuando se celebre la sesión plenaria a la que asisten los ministros de Economía y de Trabajo, el presidente de la CEOE y los secretarios generales de UGT y CC OO.Arturo Gil dijo que los empresarios no están "ni decepcionados ni contentos" de los resultados de estas primeras negociaciones, aunque. destacó que el desacuerdo ha sido constante. Gil considera que el Gobierno tiene "ya absolutamente claras sus líneas de política económica" como se desprende, dijo, de los presupuestos. "Son muy voluntaristas, pero hará falta un rigor extremo para cumplirlos. Sanearán en cierta medida la economía, pero no crearán empleo ni impulsarán la actividad".

El secretario de Acción Sindical de UGT, Apolinar Rodríguez, dijo estar decepcionado y frustrado por la marcha de las negociaciones. Los presupuestos, en su opinión, son un motivo más de preocupación ya que "van en el camino contrario para lograr un pacto por el empleo". Lo más grave, a su juicio, es "el fuerte retroceso de la inversión pública".

Aseguró que los sindicatos no apoyarán los incentivos fiscales que propone el Gobierno, cuyo impacto en los ingresos lo cifran entre 100.000 y 200.000 millones, sin compromisos de creación de empleo por parte de las empresas. Para José María Fidalgo, secretario de Política Institucional de CC OO, los presupuestos se escoran a la derecha. "No van a tirar de la economía y componen una red de transferencia de las rentas del trabajo [al no ajustar la tarifa del IRPF a la evolución de los precios] a las del capital privado por los incentivos fiscales".

Alfredo Pastor defendió la necesidad de aplicar estos incentivos fiscales. El Gobierno considera que "el motor de la reactivación debe ser la inversión privada", dijo. Pastor afirmó que ésta era una de las medidas, junto a la moderación salarial y la reforma del mercado laboral, que sirve para "crear las condiciones favorables para el empleo".

Por su parte, el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer que en esta primera ronda de negociaciones el Gobierno "ha modificado sus posiciones" y confía en que esa actitud "sea tenida en cuenta por los sindicatos".

El líder de CC OO, Antonio Gutiérrez, por el contrario cree que el Gobierno debe "explorar nuevos márgenes para facilitar algún acuerdo", según declaró ayer a RNE. Sobre los presupuestos, Gutiérrez criticó que quede en último término el objetivo de crear empleo. El diputado de IU, Felipe Alcaraz, opina que los presupuestos "reflejan una quiebra financiera que quiere pagarse a costa de los trabajadores, los jubilados y las comunidades autónomas periféricas".

Nicolás Redondo, secretario general de UGT, afirmó desde Barcelona que el resultado en las negociaciones sobre el pacto social es "poco satisfactorio" y reiteró que UGT está dispuesta a sacrificarse siempre que ello no sea estéril. "Sería bueno para el país alcanzar un acuerdo", afirmó, "pero hay que tener en cuenta que las medidas, anunciadas, tanto en pensiones como en desempleo, así como la congelación de los sueldos de los empleados públicos, se pueden calificar de duras, afectan a un total de 12 millones de personas y suponen un fuerte recorte social".