Una auditoría confirma la grave situación de IGS

La empresa Iniciativas y Gestión de Servicios Urbanos, SA (IGS), cabecera de un grupo de 27 empresas vinculado a UGT, finalizó 1992 con unas deudas de 36.000 millones de pesetas. De esta cantidad, 23.800 millones eran a corto plazo, según la citada compañía auditada por la firma Ernst and Young. Teniendo en cuenta los fuertes compromisos adquiridos por IGS con los adjudicatarios de viviendas y con empresas del propio grupo de IGS, los auditores advierten claramente: 'La continuidad de sus operaciones en el futuro [Las de IGS] está condicionada a la obtención de los recursos financieros suficientes que le permitan realizar los activos". Una de las claves de la situación es que lOS, ha invertido 7.000 millones en la compra de empresas en pérdidas.

La cuenta de acreedores a corto y largo plazo de la empresa IGS es independiente de los 15.000 millones de pesetas en deudas generadas por la Promotora Social de la Vivienda (PSV) de ellos 10.600 millones a corto plazo.

Según las cuentas de IGS que han sido analizadas por este periódico, dicha compañía obtuvo en 1992 un beneficio de 105 millones de pesetas después de impuestos. Sin embargo, la audito ría de Ernst and Young incluye tres importantes salvedades a las cuentas que de materializarse, desvirtuarían los resultados de clarados y podrían tener consecuencias de cara a la contabilización del pasivo.

Una de dichas salvedades se refiere a la compraventa de unas oficinas entre empresas del mismo grupo. El penúltimo día de 1992. IGS vendió por 2.524 millones de pesetas un inmueble situado en el número 16 de la calle Orense, de Madrid, a su filial de Mercado Hipotecario. Por esta operación, IGS se anotó un beneficio de 207 millones. Cuatro meses más tarde, IGS recompró dicho inmueble a su filial, al mismo precio en que se lo había vendido con anterioridad.

Compra de ida y vuelta

Según fuentes de IGS, el Banco de España aconsejó que la citada compraventa fuera deshecha de inmediato. El auditor no hace referencia a esto último, pero sí dice que "las cuentas anuales del ejercicio 1992 adjuntas no recogen ninguna provisión para la eliminación del beneficio registrado en la operación". Al haber lo omitido, IGS incrementó su cuenta de resultados de 1992 con una cantidad de 207 millones que, por sí misma, representa casi el doble de los resultados positivos declarados por la compañía para el ejercicio del 92.

El informe advierte de una segunda operación dudosa. Se trata de la liquidación de una promoción de PSV en Tres Cantos (Madrid). El auditor no pudo ver los documentos de dicha liquidación, por lo cual dice que "no nos ha sido posible satisfacernos de la razonabilidad de la provisión dotada", que era de 450 millones de pesetas. Con lo cual queda la duda en el aire de si las pérdidas podrían ser de 450 millones u otra cantidad.

La trascendencia de tales dudas es grande. No se trata sólo de discutir el resultado final de un ejercicio más o menos ajustado, sino de que IGS disponía sólo de 800 millones de pesetas de fondos propios (incluidos los 105 millones de beneficio presuntamente ficticio, ya comentado). Desde un punto de vista contable, el hecho de que haya que provisionar mayores pérdidas con unos fondos propios tan reducidos conduce a que la compañía pueda tener un pasivo exigible mayor que el activo.

Como los auditores no precisan en cuánto habría que disminuir esos fondos propios en el balance de IGS, para ajustar las operaciones mencionadas, es difícil determinar con rigor si llegó a producirse o no una situación de quiebra técnica, según los expertos consultados por este periódico. Lo que está bien claro es que la situación detectada en el seno de IGS es grave.

El balance de esta empresa a finales de 1992 mostraba un pasivo exigible de más de 52.000 millones de pesetas, distribuido de esta manera: 23.800 millones a corto plazo (de ellos, casi 11 .000 millones a bancos);

12.200 millones a largo plazo; y cerca de 16.000 millones contabilizados bajo la rúbrica "ingresos a distribuir en varios ejercicios", que corresponden a compromisos contraídos por IGS con sus clientes y cesiones de derechos de adjudicación de futuras viviendas.

Tal como está presentado el balance, el activo de IGS contiene datos en principio muy favorables: la compañía declara un patrimonio de más de 20.000 millones en terrenos, más otros 8.500 millones como valor de las promociones en curso y 6.000 millones en edificios, entre otras cosas.

Suelos en el aire

Pero la auditoría arroja también una ducha de agua fría respecto a esa valoración de existencias, porque más de 6.000 millones contabilizados en el activo de IGS corresponden a proyectos sobre los que pesa una gran incertidumbre, porque depende de decisiones ajenas a la compañía y al sindicato.

"Al 31 de diciembre de 1992", escriben textualmente los auditores, "en la cuenta de Existencias se incluyen los costes de suelo, proyectos técnicos, gastos de financiación y otros costes incurridos en relación con los proyectos inmobiliarios de la Esfera Armilar y Marina Calviá, que ascienden a 1.707 y 4.692 millones de pesetas, respectivamente, sobre los que se desconocen los términos y condiciones en que se llevarán a cabo finalmente, por estar condicionados los mismos a la realización de determinadas actuaciones urbanísticas cuya ejecución ha sido demorada por un tiempo indeterminado".

Según fuentes ajenas a la firma auditora, Marina Calviá es un proyecto destinado a construir en Mallorca "una de las mejores urbanizaciones turísticas del Mediterráneo", en palabras de un directivo de IGS. La realización del proyecto fue negocia da con dirigentes socialistas de las islas Baleares antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas, que fueron ganadas por el Partido Popular en dicha comunidad.

Del Gobierno dirigido por Gabriel Canyellas dependen ahora las decisiones urbanísticas que permitan realizar, o no, los proyectos de la sociedad montada para desarrollar tal proyecto, en la que IGS ni siquiera tiene mayoría, aunque haya pagado los terrenos. No hay que darle vueltas: por ahora, Marina Calviá es sólo un terreno no urbanizado.