El presidente de Guatemala convoca un referéndum para depurar el Parlamento
El presidente de Guatemala, Ramiro, de León Carpio, anunció ayer la celebración de un referéndum para superar la crisis que vive su país, provocada por la pugna con los diputados que se niegan a dimitir, y poder depurar el poder legislativo. De León manifestó en un discurso radiotelevisado que promoverá las reformas necesarias de la Constitución para que los cambios no se limiten a la mera sustitución de personas, y subrayó que el resultado de la consulta deberá ser acatado por los congresistas y magistrados del Tribunal Supremo.
La advertencia del presidente Ramiro de León Carpio se debe a que algunos juristas interpretan que el referéndum no tendrá carácter vinculante -es decir, que no obligaría a los diputados a dimitir-, toda vez que la Constitución estipula que tanto diputados como magistrados son elegidos para un periodo de cinco años. Según esta interpretación, la propia Carta Magna -redactada por los grupos políticos que literalmente han secuestrado el proceso democratizador- se convierte en una camisa de fuerza que impide el desarrollo del Estado de derecho en Guatemala.Convencido de que con esta decisión toca intereses vitales de auténticas maflas, que han encontrado en los cargos políticos la trinchera de inmunidad que necesitan para operar, el presidente De León Carpio anunció que adoptará todas las medidas necesarias para resguardar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana, y asumió la responsabilidad de luchar contra la corrupción y la impunidad. "Soy consciente de los riesgos que esto implica. Pero en esta cruzada no estoy solo", dijo enfáticamente frente a las cámaras de televisión.
El proceso iniciado ayer (noche del domingo en Guatemala) por el mandatario será largo y tortuoso. El Tribunal Supremo Electoral han declarado que necesita un mínimo de 60 días para preparar la consulta popular, que tendría un coste aproximado de 12 millones de quetzales (unos 240 millones de pesetas), en momentos en que el Gobierno atraviesa su peor crisis de liquidez desde el caos que constituyó el Gobierno democristiano de Vinicio Cerezo. Ello obligará a Ramiro de León a recurrir a la ayuda de Gobiernos amigos.
