Dineros autónomos.

LA POLÉMICA sobre la cesión del 15% del IRPF está siendo utilizada, con notables excepciones, antes para intentar reventar el posible pacto entre el PSOE y los nacionalistas catalanes que para profundizar en el tema de la financiación autonómica. La propuesta, que fue inicialmente lanzada por el propio Gobierno socialista, y sólo más tarde asumida por Pujol, pretendía en su origen introducir un factor de corresponsabilidad de las comunidades autónomas en la fiscalidad, de manera que sus decisiones de gasto se fundamentasen no solamente en las necesidades, sino en las perspectivas de recaudación.La facilidad con que las comunidades han ido aumentando sus presupuestos tiene uno de sus orígenes en el absoluto desentendimiento de los Ejecutivos autónomos sobre la evolución de las recaudaciones fiscales, porque las subidas o bajadas de impuestos no tienen ningún coste político para ellos. La cesión parcial del IRPF persigue también reducir las partidas finalistas -destinadas a cubrir gastos predeterminados- y aumentar así la autonomía financiera. Por ello pretender introducir el IRPF en el sistema de financiación y que al mismo tiempo sus efectos sean irrelevantes no tiene mucho sentido. Una cosa es que sean neutrales en el sentido de no perjudicar a ninguna autonomía, esto es, asegurando que todas reciban un suelo de ingresos equivalente al del antiguo sistema. Y otra es pretender que la mayor autonomía no redunde en la mejora financiera de las comunidades que amplíen sus recaudaciones, como sucede en los Estados federales.Ésa ha de ser la filosofía general, que está muy lejos de significar una discriminación de las autonomías pobres respecto a las ricas. Implica una igualdad de partida, pero no una uniformidad completa, porque proporcionalmente beneficia más a quienes manejan mayores ingresos, y eso depende de la riqueza de una comunidad, cierto, pero también de su población, un factor que casi nunca se tiene en cuenta al abordar esta polémica. Y oponerse a algo que no te perjudica simplemente porque puede beneficiar más al vecino es actuar como el perro del hortelano.

La verdadera discriminación que se ha de evitar es aquella que premia a una comunidad a costa de la otra: pero eso está garantizado desde el momento en que es el Gobierno quien cede a la comunidad premiada una parte de los ingresos que en principio están destinados al Estado. Y ello no significa que el Gobierno pierda, porque lo que hace es ceder a una comunidad una parte -el 15% de los aumentos de recaudación que se supone que han sido generados por la aplicación del nuevo sistema, que nace como un incentivo para que las comunidades autónomas sientan como beneficio propio la erradicación del fraude fiscal en su territorio. Y retiene el 85% restante: si sube la recaudación correspondiente al 15%, también subirá la correspondiente al resto.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendaba, en su último informe sobre España, poner en marcha mecanismos de corresponsabilidad fiscal como instrumento para reducir el déficit presupuestario y mejorar la eficiencia del sector público. El consejo se basaba en la comprobación de la mayor eficacia de las comunidades autónomas en la gestión de los impuestos cedidos -la recaudación en ese tramo creció un 20% por encima de lo previsto-, y en la inviabilidad práctica, por motivos electorales, de recurrir a impuestos suplementarios. Pero el informe llamaba la atención también sobre el crecimiento del déficit público de las autonomías, que en muy poco tiempo había pasado de suponer el 0,3% del PIB a más del 1,5%. La búsqueda de un equilibrio entre la mayor autonomía y corresponsabilidad recaudatoria y la responsabilidad en el gasto debería ser el marco del debate. Por el contrario, el de los agravios comparativos sólo conduce al barullo y la. confusión.