Los contratos blindados de altos cargos se sustituyen por pólizas de seguro, según el PP

Manuel Núñez, diputado del Grupo Popular, denunció ayer en el Congreso que los llamados contratos blindados para altos cargos de la Administración y las empresas públicas se están sustituyendo por pólizas de seguro en las que se garantiza a los beneficiarios de dos a tres anualidades de sus retribuciones una vez que cesan, bien por decisión política o a voluntad propia.La práctica del contrato blindado, es decir, aquel que estipula altísimas indemnizaciones en el caso de cesar en la actividad, fue reconocida por el ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, al responder a una pregunta parlamentaria de Núñez, si bien matizando que en la Administración central sólo existen 65 casos con cláusula especial de rescisión de contrato y que, en estos supuestos están sujetos a las normas vigentes que establecen un tope indemnizatorio de siete días por año trabajado con un m4ximo de seis anualidades.

El ministro admitió también que en empresas y organismos públicos existen 200 contratos de alta dirección de muy distinta naturaleza, aunque sujetos también a topes económicos.

Sin embargo, Núñez asegura que sólo en Renfe y en los Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) hasta el año 1990 existían 52 contratos blindados de altos cargos, según admitió el Gobierno.

Para Núñez, la oferta que hizo el ministro de Economía, Pedro Solbes, el pasado 5 de agosto, para acabar con este tipo de prácticas, dentro del paquete del pacto social, indica que se Arata de un problema grave y de importancia económica suficiente.Fuera del hemiciclo, Núñez declaró que en muchas empresas públicas, y en las de régimen de monopolio se está imitando los contratos de alta dirección de la banca, en los que se sustituye el contrato blindado por la póliza de seguro y que puede estimarse en unos 100 millones de pesetas la cantidad que se garantizan estos altos cargos, a través del seguro, cuando cesan.

Además, Núñez asegura que en el conjunto de asesores, subdirectores generales y otros cargos de la Administración, se acercan a 500 los supuestos de contratos con cláusulas de indemnización especial.Compatibilidades

Por otra parte, la Comisión del Estuto del Diputado dictaminó ayer las declaraciones de intereses de 133 de los 350 diputados que integran el Congreso y que no presentan ningún problema respecto a posibles actividades privadas que necesitasen la autorización correspondiente de la citada comisión.

La Comisión, cuyas deliberaciones tienen carácter secreto, volvió a reunirse ayer y su presidente, Álvaro Cuesta, declaró que se habían analizado las declaraciones de 133 diputados que, en principio, no plantean el ejercicio de ningún tipo de actividad extraparlamentaria.

Fuentes de la propia Comisión aseguraron que los 217 diputados restantes no necesariamente han declarado ejercer actividades privadas, pero sí algún tipo de profesión o pertenencia a empresas o asesorías que exigen un examen minucioso por parte de la Comisión, que se llevará a cabo en las próximas semanas.