La CE se encamina hacia una gran batalla institucional
España se suma a Francia y al Reino Unido para impedir que los Estados pequeños dominen la CE
El Tratado de Maastricht no ha entrado aún en vigor, los Doce no se han puesto todavía de acuerdo sobre una postura común en la negociación del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio) y ya se perfila en el horizonte la nueva gran batalla que enfrentará a los Estados de la Comunidad Europea: la reforma institucional. Esta vez la línea divisoria no pasa entre federalistas y partidarios de la zona de libre cambio sino entre países grandes y pequeños y España acaba de alinearse con prudencia con los primeros para intentar no perder peso cuando la Comunidad Europpea (CE) se amplíe a Austria y Escandinavia."¿Podemos seguir retrasando el debate sobre la adaptación de las instituciones europeas?", se preguntaba a principios de mes Alain Juppé, ministro francés de Asuntos Exteriores. "Observamos que incluso con 12 miembros funciona mal". Y volvía a interrogarse: "¿Qué sucederá entonces cuando seamos 16 o 20?". Las palabras de Juppé ponen de relieve no tanto la preocupación francesa por posibles chirridos en el engranaje comunitario sino el temor a quedar en minoría en una CE dominada por los pequeños.
Si finalmente se incorporan a la CE los cuatro países (Austria, Finlandia, Suecia y Noruega) con los que Bruselas negocia actualmente, los cinco Estados grandes (Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y España) ostentarán aún el 78% de la población comunitaria, pero el número de votos del que dispondrán en el Consejo de Ministros disminuirá del actual 63% al 52%.
Para España la situación sería aún más preocupante, explica un alto funcionario, "porque los candidatos al ingreso son países nórdicos con escasa sensibilidad por los problemas mediterráneos y podríamos quedar más fácilmente en minoría a la hora de defender nuestro aceite de oliva o nuestras frutas y hortalizas".
De ahí que en los gobiernos de los cinco países grandes se empiece a reflexionar sobre las modalidades de una inminente reforma institucional antes de la ampliación. Temerosa de perder influencia en una Comunidad ampliada a pequeños Estados afines a Alemania, Francia lleva la voz cantante. Su ministro de Asuntos Europeos, Alain Lamassoure, ha esbozado ya por escrito algunas sugerencias sobre la reforma institucional mientras un grupo de trabajo franco-alemán se reúne periódicamente desde principios de año.
El proyecto francés no está aún perfilado pero, según diversas fuentes, baraja la idea de modificar la ponderación del voto en el Consejo de Ministros para que sea un poco más proporcional al peso demográfico de cada Estado. Actualmente Francia dispone de un voto por cada 5,6 millones de habitantes, España por cada 4,9, Dinamarca por cada 1,7 y Luxemburgo por menos de 200.000. Otra opción recogida por Lamassoure consiste en sustituir la actual minoría de bloqueo de 23 sufragios, sobre un total de 76, por una nueva que reagruparía a dos Estados grandes y uno pequeño.
También esgrime Lamassoure la posibilidad de reducir el número de comisarios, obligando así a los pequeños Estados a rotar en el cargo; de modificar los turnos de las presidencias para que los "grandes" encabecen con más frecuencia el Consejo de Ministros, y de reducir a tres los idiomas de trabajo (inglés, francés y alemán) aunque bajo cuerda reconoce que español e italiano obtendrían el mismo trato.
Curiosamente es en el Reino Unido donde estas ideas tuvieron la mejor acogida, sobre todo en lo concerniente a la futura política
La CE se encamina hacia una gran batalla institucional
exterior y de seguridad común. Londres considera ya ridículo que, cuando Luxemburgo preside la CE, el jefe del Gobierno del Gran Ducado sea el interlocutor del presidente de EE UU. Al primer ministro italiano, Carlo Ciampi, el único que evocó la reforma institucional en la última cumbre europea, también le seducen estas propuestas, pero la crisis que padece su país le impide jugar un papel protagonista.Alemania no tiene, en cambio, una posición clara. Está desgarrada entre su deseo de incorporar cuanto antes a la Comunidad a los países centroeuropeos de su órbita de influencia pero también es consciente de que, hoy en día, es la más subrepresentada en Bruselas y, con las nuevas adhesiones, esta situación empeorará si no se lleva a cabo la reforma. Un reciente informe del grupo parlamentario de la CDU (democristiano) se acerca a las tesis francesas pero el canciller Helmut Kohl se apresuró en marcar distancias con el documento.
Durante largo tiempo señalado como el más reacio a la ampliación, el Gobierno español se muestra ahora especialmente cauto ante la batalla que se avecina para no volver a ser acusado de poner trabas a las nuevas adhesiones. Cuando, a principios de la primavera de 1992, aún persistía la euforia provocada por Maastricht, el presidente Felipe González dejó caer en privado la necesidad de que un directorio de Estados grandes dirigiese la CE. Su comentario suscitó tal polvareda que tuvo que recoger velas.
"En el fondo", dice un diplomático español destinado en Bruselas, "no nos disgustan las ideas francesas aunque creemos que es acaso prematuro innovar tanto". A corto plazo, la diplomacia española considera imprescindible preservar los actuales equilibrios en el Consejo de Ministros para que los mediterráneos no sean fácilmente derrotados. "Que dos Estados grandes y uno pequeño constituyan la nueva minoría de bloqueo nos parece una buena fórmula", agrega la misma fuente. "El resto (rotación en la presidencias o número de comisarios) nos importa menos, añadió.
Francia proyecta poner la reforma institucional sobre el tapete de la cumbre extraordinaria del 29 de octubre en Bruselas y es probable que los jefes de Gobierno encarguen a un grupo de sabios o a sus ministros de Exteriores que empiecen a estudiarla. Aunque salga adelante, sus promotores son conscientes de que el actual reajuste sólo valdrá para la próxima ampliación. Cuando los países del Este o Chipre y Malta franqueen las puertas de la CE habrá que repensar de nuevo sus instituciones.
Para acometer la reforma los Doce dispondrán de más tiempo del previsto. La fecha del 1 de enero de 1995, fijada por la cumbre de Copenhague para el ingreso de los cuatro aspirantes, no será respetada. La negociación de adhesión va muy retrasada.
