Industria apoya crear una nueva empresa con los activos rentables de la Minero Siderúrgica

El Ministerio de Industria apoya la segregación de la empresa Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP), que consiste en mantener en la actual sociedad anónima -en situación de quiebra- los activos considerados improductivos y en crear una nueva entidad que aglutine los productivos o rentables. Esta nueva sociedad necesitaría una cantidad mínima de 2.000 millones de pesetas. El plan podría suponer la reducción de capacidad y el ajuste de plantillas, cifrada en 2.600 personas entre Villablino (León) y La Camocha (Asturias).El principal problema que existe, en ese sentido, es encontrar los inversores que estén dispuestos a poner esos 2.000 millones. La mencionada cantidad era la que se había estimado como necesaria para ampliar el capital. Sin embargo, después se estimó como mejor idea la segregación.

Hasta este momento, según las fuentes consultadas, los responsables de MSP están buscando socios interesados en entrar en la nueva sociedad. El principal accionista de la actual MSP, Luis Vega (10% del capital), pondría en tomo a 400 millones, según fuentes próximas a la Administración. La tarea más complicada consiste en incorporar nuevos Inversores privados. Las administraciones (local, autonómica e, incluso, central) podrían participar también si fuera necesario.

La MSP, cuyos trabajadores protagonizaron una histórica marcha hasta Madrid en marzo de 1992 en reivindicación de un plan de futuro para la empresa, se encuentra en quiebra desde el pasado mes de julio tras aceptar el Juzgado una petición por parte de la Caja de Ahorros de Asturias, que demandaba 2.000 millones. La deuda total de MSP ascendía en ese momento a 31.000 millones. El Juzgado hizo retroactiva la quiebra a 1988, con lo que puso en tela de juicio algunas operaciones inmobiliarias realizadas después de esa fecha como la venta de terrenos en el casco urbano de Ponferrada. Precisamente, dos meses antes el Gobierno había aprobado un plan de salvación para la empresa consistente en aportar 16.000 millones. De ellos, la Administración central aportaría 9.500 millones y la Junta de Castilla León, 4.500. Los otros 2.000 serían los aportados por los accionistas privados.