Hacia el Estado del malestar

Los escándalos sanitarios de este verano han llevado a muchos británicos a temer que el una vez modélico Servicio Nacional de Salud (N-HS) pase a mejor a vida en aras de la rentabilidad económica impuesta porlos nuevos gestores. No es para menos: 42 pacientes diagnosticados por error en un hospital de Birmingham, la muerte de un fumador en Manchester al que se le retrasó la atención sanitaria y los niños muertos por un tratamiento de hormonas del crecimiento. La profunda reforma emprendida por el Gobierno conservador en 1991 más Ias fuertes limitaciones presupuestarias impuestas en la década larga de Gobierno de Margaret Thatcher están detrás de este progresivo desencanto.

Otro escándalo estalló ayer mismo. Las autoridades sanitarias han ordenado que se abra una investigación -otra masa raíz de la muerte de una mujer en Londres que contrajo la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que causa la degeneración de las células nerviosas, tras recibir un tratamiento hormonal contra la esterilidad. Alrededor de 300 mujeres han recibido un tratamiento similar entre 1960 y 1970, según los especialistas.Creado por Lord Beveridge tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de proveer de un servicio sanitario a todos los ciudadanos, independientemente de sus ingresos económicos, puede decirse que el sistema permanece tal cual en sus trazas fundamentales. Sin embargo, la estrategia introducida por la Administración conservadora cuenta con muy pocos partidarios públicos; quizá porque el Gobierno no buscó el consenso de la oposición y de las asociaciones médicas, aunque todos reconocían la necesidad de acometer el cambio.

Margaret Thatcher, la anterior primera ministra, se centró en la contención del gasto, en vez de analizar en profundidad al funcionamiento de un servicio que consume el 16% de los Presupuestos Generales del Estado -sólo superado por la Seguridad Social, que se lleva un 39%, y Defensa, con un 15%-. Obsesionada por recortar gastos, pero no por acometer una reforma rigurosa, Thatcher ordenó restricciones en el uso de las medicinas más caras e impuso límites en los presupuestos que administran las autoridades sanitarias. Además, acabó con la costumbre del Tesoro de proveer ingresos corrientes a los hospitales para satisfacer las nuevas necesidades creadas por sus inversiones de capital.

Menor gasto por paciente

Aunque la Administración tory insiste en que el presupuesto destinado a la sanidad pública ha crecido a un ritmo del 3% anual, y se situó el curso 199293 en 34.000 millones de libras (6,8 billones de pesetas); la oposición y buena parte de los profesionales de la medicina coinciden en señalar que, en términos reales, el incremento anual nunca ha superado el 1%. El incremento presupuestario en términos absolutos, dicen los críticos, se ha limitado a hacer frente al envejecimiento de la población, inversiones en tecnología clínica y aumentos salariales por encima de la tasa de inflación.

Recientes informes estadísticos de algunos hospitales han revelado que, haciendo todas esas cuentas, el gasto por paciente ha descendido en un 1% cada año en la última década.

Hasta The Daily Telegraph, uno de los diarios más conservadores del Reino Unido, hablaba al principio de esta semana de un Servicio Nacional de Salud (NHS) "a dos velocidades". La aparición de ambulatorios independientes, con control sobre el presupuesto que reciben directamente del ministerio de Sanidad, más la transformación de algunos hospitales en NHS Trust (especie de -fundaciones autónomas) están cambiando las reglas del juego. Ambos tienen capacidad para negociar entre sí y firmar contratos al margen de las autoridades sanitarias pertinentes, dificultando, según los colectivos de médicos, los esfuerzos de previsión sanitaria regionales. Además, dicen los críticos, los pacientes de un ambulatorio autónomo reciben un tratamiento mejor.

Tras los recortes Thatcher, ha llegado la reforma Major, que va dirigida, sobre todo, a introducir un espíritu mercantil en las relaciones entre Estado y sistema sanitario. Poco importa que la suma de las listas de espera para ingresar en un hospital público supere en la actualidad el millón de ciudadanos. Desde abril de 1991, fecha de entrada en vigor de la reforma del NHS, la sanidad pública británica se rige de acuerdo con los criterios de un mercado interno y un sistema de contratos.

Los hospitales han pasado a convertirse en proveedores y ofrecen sus servicios a las consumidores; es decir, a las autoridades sanitarias regionales y, en algunos casos, a los ambulatorios o médicos de cabecera. El contrato al que llegan hospitales y autoridades sanitarias establece el número de pacientes que se atenderá en un periodo de 12 meses, el coste de los servicios y los niveles de calidad garantizados por el proveedor. La contención del gasto a través del cierre de pabellones y reducción del personal es una de las prácticas más habituales en los hospitales para cumplir con sus presupuestos y evitar la clausura definitiva de otras instalaciones.

Método mercantil

El ejemplo no se hecho esperar: dos hospitales públicos de Londres fueron obligados por sus autoridades sanitarias locales a suspender sus intervenciones quirúrgicas no urgentes. Meses antes de finalizar el año fiscal, ambos hospitales habían consumido ya su presupuesto anual o, según la terminología que impera ahora en el Ministerio británico de Sanidad, "estaban excediéndose más allá de las previsiones establecidas en sus respectivos contratos". La propia ministra de Sanidad, Virginia Bottomley, alabó la iniciativa.

La implantación del nuevo método mercantil pasó del papel a la práctica sin un mínimo período de prueba o experiencias piloto. En líneas generales, los médicos y especialistas clínicos han perdido con la reforma parte de sus anteriores poderes en favor de los nuevos equipos de gerentes. La toma de decisiones está más descentralizada y los médicos se ocupan de cuestiones presupuestarias; pero, en contrapartida, se mira con recelo la llegada de economistas y especialistas en marketing, que presuntamente Podrían relegar a un segundo plano los criterios ético-sanitarios y sustituirlos por los puramente financieros. Etica médica frente a rentabilidad gestora. La decisión de varios hospitales de colocar a los fumadores al final de la lista de espera para intervenciones quirúrgicas se explica también de la misma forma. La nueva consigna es rentabilizar al máximo los recursos.