A propósito del 15%

De 1975 al momento actual el PSOE ha jugado prácticamente todas las opciones posibles en relación al problema nacional-regional español. Las cosas no pudieron empezar peor; era el momento en que el socialismo salido de la oposición ilegal entendía que su "nadie a la izquierda" debía completarse con la asunción, y en su caso superación, de las demandas nacionalistas y regionalistas del conjunto de España. Autodeterminación, república federal y hasta plena reintegración foral pudieron tener, sin embargo, un efecto integrador en el clima de desmesura con que se abordó el tema en la primera transición. La generalización de los expedientes autonómicos, la apresurada improvisación de una larga serie de conciencias regionales y nacionales, fue en buena medida la obra de un socialismo en la oposición legal que volvía, así, a jugar un importante papel de sensibilización y posterior encauzamiento en relación a la cuestión nacional-regional española.Finalmente las cosas no resultaron tan mal como en algún momento pudo temerse. Aprobada la Constitución y sentadas las bases del Estado autonómico, el país asimiló una significativa transformación que, desde el punto de vista de los intereses socialistas, sería incluso funcional para su acceso al poder. A partir de 1982 fueron muchos los españoles que creyeron poder dar por resuelto, en lo fundamental, un pleito que había llegado a ser el problema político más serio de la reciente historia de España. Los sucesivos Gobiernos socialistas, a lo largo de 11 años, transmitieron una imagen de seriedad y coherencia en relación a la política económica, que apenas resultó empañada por los inevitables sobresaltos generados por el arbitrismo, la pasión y la confusión de casi una década de combate político en torno al reajuste de la planta política del Estado. El pacto autonómico suscrito con el Partido Popular tuvo bastante de culminación de un proceso institucionalizador que hacía pensar en el definitivo encauzamiento del problema. Esta situación empezó a oscurecerse desde que se insinuó la pérdida de la mayoría absoluta para Felipe González y su partido. La disposición a evitar el entendimiento con el centroderecha estatal, paralela a la desesperada búsqueda del acuerdo con el centro-derecha nacionalista, auguraba el riesgo de disolución de un problema de gran entidad dentro de una estrategia por la lucha y conservación del poder. Para el centro-derecha que aspiraba a gobernar en el conjunto de España, el calificativo de neofranquista. Para el centro-derecha dispuesto a negociar la permanencia de Felipe González en el Gobierno, el ánimo conciliador que era capaz de expresar aquella fórmula del pacto constitucional.

Amplios sectores de opinión que han vuelto a dar su apoyo al PSOE nunca han acabado de entender que los nacionalistas catalanes y vascos, con el único cambio significativo de la activa posición de estos últimos contra una violencia etarra que resulta ya insoportable para el País Vasco, pudieran pasar de la noche a la mañana a convertirse en garantes destacados de la gobernabilidad del Estado. Con desprecio a la opinión mayoritaria de Cataluña y el País Vasco, vascos y catalanes, los nacionalistas de ambas comunidades se convertían en el punto de referencia de la política nacional. La necesidad de sus votos para el Gobierno de Felipe González era incluso presentada como el fin de una injusticia histórica capaz de liquidar una preterición que habría convertido a los pueblos vasco y catalán en poco más que agregados a nuestra historia.

Tanta retórica y exageración para dar cobertura a un simple, aunque legítimo, juego parlamentario confirmaba los malos presagios que en estos días están teniendo su confirmación. Todo el asunto de la cesión del 15% del IRPF a las comunidades autónomas está envuelto en notables oscuridades. No se acaba de entender cómo se manifiesta la corresponsabilidad en una medida que, sobre el papel, no debe suponer aumento en los ingresos de esas comunidades autónomas. Puesto que nadie, y menos que nadie el presidente Pujol, organiza un escándalo político por el gusto de que los dineros lleguen por una u otra vía si al fin los dineros son los mismos, hay que suponer que no responde a la verdad la afirmación inicial acerca de la neutralidad económica de la medida. Si esta neutralidad no existe, debería plantearse de inmediato la repercusión que puede tener en el corto y medio plazo para la política económica y Fiscal del conjunto de España. El ciudadano debe saber las consecuencias de la decisión en la vida tanto de las comunidades autónomas más pobres como en la del Estado central. Por último, y en el contexto que estamos viviendo, resulta urgente conocer la incidencia de esta cesión sobre una obligada reducción del gasto público de la que no pueden quedar excluidas las comunidades autónomas.

Si no fuera suficiente el anuncio de la cesión del 15%, los ciudadanos españoles hemos tenido que oír las promesas a Jordi Pujol de un ministro de Felipe González en el sentido de que se van a introducir cambios en la política autonómica. ¿Qué cambios? ¿Cuáles han sido los errores del PSOE a lo largo de estos años? ¿Quiénes han sido los responsables? ¿Habrá que modificar el pacto autonómIco con el Partido Popular? Nada de ello ha sido aclarado por un ministro que, poniendo precio a la cabeza de los gobernadores civiles, parece darse por satisfecho en su trabajo de amarrar el voto de CiU. El que esta estrategia se salde con la radicalización pujolista no hace sino aumentar la perplejidad en torno a las razones que pudieran avalarla.

Entre los temas de Estado por excelencia de la política española se encuentra el autonómico. Felipe González, sumido en el mutismo tras su locuacidad electoral, no debería forzar en este tema el criterio de parte de su partido y una parte mayor de su electorado como resultado de una estrategia de mantenimiento del Gobierno que ni es la única posible ni puede justificarlo todo. Más preocupante, en todo caso, que la medida en sí del 15%, necesitada de una discusión técnica capaz de clarificar las dudas actuales, es el ánimo, el estilo y el contexto con y en el que se está negociando.

El pacto que España necesita con los nacionalistas es el de siempre, el que se está buscando, y en parte consiguiéndose, desde el inicio de la transición. Un pacto de Estado realista, sensato, capaz de hacer conciliables los intereses nacionales y estatales de España en su conjunto con los de las comunidades autónomas en particular; todo ello, en el horizonte de la integración europea y a favor de un clima de lealtades compartidas en que Europa, España, Cataluña o el País Vasco sean vistos como receptores comunes de esa lealtad ciudadana. Éste es el pacto que hace falta. Confundirlo con un acuerdo parlamentario para asegurar la vida de un Gobierno daría la razón a quienes han advertido del riesgo de disolución del viejo proyecto socialdemócrata español en un sindicato de intereses asentado en el gusto y en la afición por el uso de las administraciones públicas. Debo confesar que, por primera vez quizá, las palabras y los gestos de un ministro me han despertado la sospecha de que esa advertencia podría ser algo más que una calumnia.

es catedrático de Teoría del Estado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).