El Parlamento británico tendrá un control parcial sobre los servicios de espionaje
El Gobierno británico permitirá que el Parlamento ejerza una vigilancia limitada sobre los servicios de espionaje del Reino Unido. El MI-5 y el MI-6 están exentos actualmente de cualquier tipo de fiscalización por parte de los diputados, y su misma existencia fue, hasta hace dos años, oficialmente negada. Ambas agencias tendrán que informar sobre las directrices generales de su actuación y sobre su presupuesto a una comisión especial de la Cámara de los Comunes, según reveló ayer el diario londinense The Independent.
El paso hacia la transparencia de los servicios de espionaje será anunciado por la reina Isabel II el 5 de octubre, durante el discurso de apertura del nuevo curso parlamentario, según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior. El contenido de la futura ley de regulación del MI-5 (dedicado a la lucha contra "la subversión y el terrorismo") y el MI-6 (operaciones internacionales) no ha sido desvelado, pero algunos detalles fueron adelantados a The Independent.El polémico Cuartel General de Comunicaciones (GCHQ), que se encarga del espionaje electrónico (escuchas telefónicas, grabaciones clandestinas, etcétera) en coordinación con la Agencia Central de Inteligencia norteamericana (CIA), acusado de grabar las conversaciones telefónicas de la familia real, quedará fuera del control parlamentario. Los diputados no podrán inquirir tampoco sobre operaciones concretas del MI-5 y el MI-6, ni difundir la información que reciban.
La iniciativa forma parte de la política de transparencia gubernamental impulsada por el primer ministro, John Major, y reflejada hace un mes en la publicación de un folleto sobre sus actividades y en la primera aparición televisiva de Stella Riminington, directora del MI-5. Se ponía así fin a 80 años de silencio.
La reacción del Parlamento ha sido, sin embargo, desfavorable. Diputados conservadores y laboristas coincidieron en criticar la reforma como "demasiado limitada".
El jefe de la Comisión de Interior de los Comunes, el conservador Ivan Lawrence, declaró que la fiscalización de los servicios de inteligencia debía competer a su comité, y no a una comisión especial sujeta a una completa confidencialidad. Un portavoz de la Campaña para la Libertad de Expresión afirmó a su vez que la anunciada ley no era más que "na operación cosmética".
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