La policía tardó cinco días en informar a la Guardia Civil de atentados previstos por ETA

Las recientes cumbres antiterroristas tras la ofensiva de ETA en la costa mediterránea, y particularmente en Barcelona, han evidenciado una seria descoordinación entre mandos de la policía y Guardia Civil, sobre todo en Cataluña. Mandos del instituto armado destinados en Barcelona se han quejado de que sus homólogos de la policía tardaron más de cinco días en entregarles un listado de fechas de futuros atentados intervenido en la caravana abandonada a finales de julio por ETA en Castelldefels (Barcelona), donde también se hallaron planos de la vía férrea Madrid-Valencia. Ese retraso impidió el despliegue a tiempo de la Guardia Civil a lo largo de la línea férrea para prevenir tales acciones e intentar localizar a los terroristas.

Estas divergencias entre mandos locales de policía y Guardia Civil en Cataluña ha sido uno de los elementos que hicieron imprescindible la reunión celebrada el pasado miércoles en Madrid. El encuentro estuvo presidido por el secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y a él asistieron los máximos responsables de la policía, Carlos Conde Duque, y de la Guardia Civil, Luis Roldán, además del delegado del Gobierno en Cataluña, Miquel Solans, los mandos locales y los responsables de los servicios de información en esa comunidad.La reunión, según personas que han tenido conocimiento de su contenido, se desarrolló en un tono áspero y hubo un goteo de acusaciones de ocultarse mutuamente información entre mandos de la policía y la Guardia Civil con destino en Cataluña.

Oficiales de la Guardia Civil presentes en la reunión pusieron de manifiesto que el listado de atentados intervenido el pasado 26 de julio por la policía en una furgoneta abandonada en Castelldefels por el comando autor del rosario de atentados en la costa valenciana y murciana les fue entregado con posterioridad al día 31 del mismo mes, es decir, cinco días más tarde.

Mandos del instituto armado se quejaron incluso de que los responsables policiales ni siquiera atendían a sus llamadas telefónicas cuando les solicitaron datos sobre esta operación.

En la furgoneta no sólo se halló un listado de atentados en el que se relacionaban fechas con la cifra de acciones terroristas previstas. También había mapas de la línea férrea entre Madrid y Valencia.

Aunque las dos bombas que estallaron el 31 de julio en la citada línea del ferrocarril entre las estaciones de Almansa y (Albacete) y El Encinar (Alicante) habían sido colocadas presumiblemente antes de que los etarras abandonaran su caravana de Castelldefels, la Guardia Civil nunca tuvo opción a realizar un despliegue preventivo para intentar capturar al comando o, al menos, desactivar los artefactos antes de que estallaran. Ambas opciones resultaron imposibilitadas, dado que los mandos de la Guardia Civil en Cataluña recibieron la información con posterioridad.

En este cruce de acusaciones, mandos antiterroristas de la policía replicaron que tampoco la Guardia Civil les informó a ellos de la cantidad de amosal intervenida el pasado 9 de junio en Basauri, dato que, según aseguraron, obtuvieron de las fuerzas de seguridad francesas.

En la reunión se llegó a plantear la necesidad de que los mandos policiales de Cataluña fuesen destituidos si incumplían las órdenes de la Secretaría de Estado para la Seguridad de prestarse una mutua colaboración.