El Ejecutivo francés propone a los agentes sociales una moderada flexibilización laboral para crear empleo

El Gobierno francés presentó ayer ante el Consejo Económico y Social su anteproyecto de Ley quinquenal para el empleo. Se trata de un texto que deberá ser discutido en la Asamblea Nacional a partir del 4 de octubre y una vez los llamados agentes sociales hayan hecho sus sugerencias. Actualmente el anteproyecto consta de 49 artículos repartidos en 4 grandes capítulos: acceso y creación de empleo; organización y adecuación del tiempo laboral; formación profesional; coordinación y simplificación de leyes y reglamentos.En su conjunto supone una moderada flexibilización de la normativa laboral. El ministro de Trabajo Giraud ha desoído los consejos más radicales de la comisión que, por ejemplo, proponía que el salario mínimo se rigiese sólo por los precios, lo que habría supuesto que los 4.500 francos mensuales se redujesen a 2.500. La ley prevé el cómputo anual de las horas de trabajo, lo que permite a los empresarios adaptar la plantilla a sus necesidades y favorece los contratos a media jornada o intermitentes. Para favorecer la creación de empleo el Estado asume determinados gastos sociales, hasta ahora a cargo de la patronal, aunque sólo en los bajos salarios y siempre y cuando el empresario se comprometa a no despedir a nadie.

La ley, que también descentraliza la Formación Profesional para adecuarla a la demanda, no afecta a "la protección social de la que se benefician los más modestos", en palabras del primer ministro Balladur. La jubilación a los 60 años, por ejemplo, sigue siendo legal pero ahora se exigen más años trabajados para tener derecho a pensión. Las pensiones ya no se calculan sobre los cinco años en que el trabajador recibió un salario más alto, sino sobre un total más amplio que reduce la cuantía final. Son recortes que permiten reducir el déficit y que la Seguridad Social no se declare en bancarrota. Un caso sintomático de la actitud moderadamente social del gobierno Balladur, al que parte de la prensa de derechas acusa de ser "el último socialdemócrata", se encuentra en los llamados 600.000 contratos de empleo-solidaridad, que los partidos RPR y UDF habían denunciado desde la oposición por considerarlos paro encubierto, y que en 1994 beneficiarán a 650.000 personas.

La patronal CPNF ha dicho y repetido que si bien todas esas medidas le parecen acertadas, no por ello se considera obligada a compromiso alguno en lo que a cuantificar la creación de empleo.