Economía plantea abaratar el coste del despido para los trabajadores con contrato indefinido

El Ministerio de Economía ha vuelto a resucitar la polémica sobre el coste del despido que enfrentó a los titulares de Economía y de Trabajo del anterior Gobierno. En el informe de coyuntura del mes de julio, el ministerio propone "agilizar y disminuir el coste de la extinción de las relaciones laborales de duración indefinida". También propone, aunque para más adelante, limitar la contratación temporal a aquellos trabajos que, por sus características, así lo requieran. Fuentes del Ministerio señalaron ayer que estas propuestas están planteadas "en un plano técnico".

El informe de Economía, publicado ayer, arma la posición del ministerio sobre la reforma del mercado de trabajo frente a la menor precisión del documento enviado al Consejo Económico y Social en abril de este año y del entregado a sindicatos y empresarios a principios de este mes de agosto sobre las líneas de política económica. Este último documento ha sido, no obstante, elaborado con posterioridad al informe de coyuntura conocido ayer.Economía vuelve a resaltar que el problema del desempleo tiene mucho que ver con la evolución de los salarlos. El origen es una excesiva "segmentación" del mercado de trabajo " como la existente hoy en España" entre los asalariados con contrato temporal y aquellos con contrato indefinido. Ello "reduce la sensibilidad de los salarios a la tasa de paro y, por tanto, incide negativamente en la evolución del empleo".

El ministerio no niega los efectos beneficiosos que la flexibilidad en la contratación ha producido en un pasado reciente. Sin embargo entiende que antes de limitar los contratos temporales a aquellos trabajos que verdaderamente lo sean, es necesario primero abaratar el coste del despido. El documento se refiere a los contratos indefinidos sin especificar si se trata sólo de los despidos colectivos o también de los individuales.

En la actualidad, los despidos colectivos por causas tecnológicas o económicas (expedientes de regulación de empleo) están sometidos a una autorización administrativa previa, lo cual alarga el proceso y lo encarece porque las indemnizaciones pactadas suelen ser superiores a las legalmente establecidas. En el despido individual intervienen los Tribunales de Trabajo cuando el empleado afectado recurre a ellos por considerarlo improcedente. La indemnización es de 45 días de salario por año trabajado.

Reflexión

La polémica de los últimos meses se ha centrado, sin embargo, en los despidos colectivos. A este respecto el documento enviado por el anterior Gobierno al Consejo Económico y Social -tomado también como referencia por el nuevo Gobierno en las recientes conversaciones para el pacto social- se limita a señalar la conveniencia de "reflexionar en profundidad" sobre los efectos negativos que para las empresas con dificultades y para el mantenimiento del empleo tiene la regulación administrativa previa de los despidos colectivos.Otro de los ejes básicos de la negociación del pacto social se ha fijado en la política de rentas. El Gobierno ya ha puesto sobre la mesa una propuesta de acuerdo para tres años en la que se sume una pérdida de poder adquisitivo de los salarios" en unos seis puntos. Ayer, el secretario general de la Federación de Industrias Afines (FIA) de UGT que engloba a las empresas químicas y del textil entre otras, Jesús Urrutia, señaló "estar dispuesto a aceptar pérdidas de poder adquisitivo en algunas empresas a cambio de creación de empleo".