Una nueva frontera sindical

¿Qué contrapartida pueden obtener los sindicatos en un pacto que arranca con una propuesta tan dura como la congelación salarial? ¿Qué deben conseguir para que el pacto sea factible y evite una frustración mayor?La propuesta de un pacto a tres años, que opone el sacrificio de la congelación salarial a una mucho menos controlable limitación de los dividendos y mantenimiento de plantillas por las empresas, exige de entrada una gran dosis de responsabilidad por parte de sindicatos y trabajadores. Pero un esfuerzo tan considerable sólo fructificará si la parte social recibe compensaciones de otra naturaleza, que logren un reparto más igual de las cargas y las ventajas del pacto.

En los últimos años, la posibilidad de emplear el pacto de rentas como un instrumento de la política económica había sido prácticamente desechada por el Banco de España, sobre todo en la época del anterior gobernador, Mariano Rubio. Las autoridades monetarias razonaban que las ventajas por las ganancias de competitividad que proporcionaba a las empresas la moderación salarial eran muy inferiores a los problema - s derivados de los aumentos del gasto social comprometidos en los acuerdos. No se trataba de una oposición al pacto en sí mis mo, pero sí a sus posibles efectos dañinos, primero para las cuentas públicas y después, para toda la economía.

El año pasado este tipo de temores también eran compartidos -con matices- por el anterior equipo de Economía, con el argumento de que sólo era posible un pacto sin costes añadidos. Esta premisa venía a cuestionar en buena medida la propia esencia de todo acuerdo, de todo pacto entre varias partes: el reparto equilibrado de sacrificios y ventajas entre todos los partícipes.

Otra posible vía de compensaciones que también ha ido generando un fuerte rechazo, especialmente en la patronal, era la participación de las centrales en la, reforma de la legislación laboral. Pero la gravedad del déficit público y el hecho de que la tramitación de la reforma laboral ya esté en marcha en el ámbito del Consejo Económico y Social, donde ya participan los sindicatos, impide pensar que en estas áreas los trabajadores puedan obtener compensaciones suficientes.

.Aunque el argumento principal del acuerdo sea contener costes para sanear las empresas y así favorecer la creación de empleo, se trata de un objetivo demasiado genérico para que por sí solo pueda servir para compensar a los sindicatos.

La filosofía del pacto se basa en una cierta mística que exige supeditar los intereses propios a la causa común, y que sólo germina cuando los países se enfrentan a grandes retos. Esta cultura del acuerdo y la corresponsabilidad ha sido desarrollada, como en ningún otro país, por Alemania. Después de la Segunda Guerra mundial, los alemanes tuvieron que hacer frente a la reconstrucción y ello exigió echar mano de todas las energías disponibles. El resultado a la vista está: Alemania se ha convertido en uno de los campeones de la economía mundial.

Como explica el presidente de la multinacional aseguradora AGF, Michel Albert, en su muy sugestivo Capitalismo contra capitalismo, la clave está en el sistema de "corresponsabilidad verdaderamente presente en todos los niveles de la empresa". El modelo que se ha denominado capitalismo renano, y que el vicepresidente del Gobierno Narcís Serra puso como norte hace un año ante las organizaciones patronales, supone la participación en1as decisiones empresariales importantes, de accionistas, empresarios, ejecutivos y sindicatos.

En Alemania el reparto de poderes en las empresas implica la corresponsabilidad de los trabajadores. Intervienen a través del consejo de establecimiento, análogo al comité de empresa francés, que debe ser consultado en asuntos de formación, despidos, horarios, salarios y organización del trabajo. En las empresas de más de 2.000 trabajadores participan además en el consejo de vivilancia, con igual representación que los accionistas. Con estos instrumentos, el diálogo social es un imperativo sin el cual las empresas no podrían funcionar. Ha logrado convertirlas en las más competitivas del mundo.

Alemania arrancó de un estado de necesidad. Pero, ¿cuál es la situación real de la economía española? ¿Quién se atreve a diseñar un futuro sin emplear tópicos catastrofistas o aludir a un iluso progreso sin más fundamento que el voluntarismo? ¿Con qué fuerzas se recuperará el país? Hace pocos días, el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Xabier Arzalluz, que ha visto muy de cerca los desgarros de la reconversión industrial en su propio país, advertía seriamente que de lo que hagamos ahora depende nuestro futuro en los próximos 50 años.

Es difícil imaginar ninguna salida que no pase por el sacrificio. Es dificil instrumentar este sacrificio en las empresas sin el apoyo de los sindicatos. Pero para ello los sindicatos precisan el reconocimiento social e institucional debido: no se trata de que tengan ni más ni menos poder que ahora. Se trata de instrumentar el reconocimiento necesario para que puedan ejercer un nuevo papel, más creativo y pegado al suelo de los intereses de sus representados (de hoy y de mñana: también de los parados), y más distanciado de su actual hiperpolitización.

Éste ha de ser uno de los grandes soportes del pacto. Los representantes de los trabajadores deben ejercer responsabilidades en el ámbito de la empresa -naturalmente, para asegurar su viabilidad futura y el equilibrio de intereses, y no para lo contrario- y de las instituciones sociales, aumentando sus capacidades de actuación y responsabilidad. Ello supondrá también alejarlos del debate partidista, vieja reminiscencia tanto del verticalismo como de la lucha antifranquista, y pondría fin de una vez por todas a una suplantación de los partidos y el Parlamento que de forma tan peligrosa y excesiva se viene produciendo en los últimos años.

Pero esta transición hacia el nuevo papel de los sindicatos no se presenta nada fácil. La falta de receptividad de la patronal es desesperante. Después de unos sindicatos que han aguantado con ánimo responsable y constructivo un arranque de las negociaciones tan duro como es la propuesta del Gobierno de congelar salarios, aún no se ha oído la más mínima oferta de la CEOE en materia de empleo. Todo lo más, un discurso marcadamente partidista más centrado en los problemas del déficit público, las privatizaciones de empresas públicas y las descalificaciones al Gobierno, que de los problemas directos de las empresas que representa.

La necesidad de institucionalizar y normalizar muchas funciones de los sindicatos resolvería al mismo tiempo otros problemas. La oposición sindical, por ejemplo, a la supresión del permiso administrativo previo en los expedientes de despido colectivo se ha generado sobre todo porque este es el único procedimiento que permite a los representantes laborales conocer bien las cuentas de las empresas. Por tanto, un derecho de información -al qué ya hizo alusión el ministro de Economía, Pedro Solbes, en su intervención parlamentaria- se convierte en obstáculo para replantear la regulación de las plantillas. Con' independencia de que los propios empresarios son los primeros interesados en admitir una determinada regulación -como en los demás países europeos- para evitar una más, peligrosa judicialización de los conflictos:

Por otra parte, institucionalizar el papel de los sindicatos es más necesario que nunca, para garantizar el cumplimiento de los acuerdos del pacto que se propone al país. Los trabajadores deben tener instrumentos para controlar que la parte de salario a la que renuncian no se traducirá en una simple acumulación adicional de los accionistas, sino que será adecuadamente empleada o invertida según lo pactado. También aquí hay ya mecanismos inventados: los fondos de empleo de los países nórdicos, por ejemplo.

Todo ello supone también por parte de los sindicatos abandonar radicalmente viejos estilos, como los que han conducido a la paradoja de que las peticiones de aumentos salariales del año 1991 de sectores en pérdidas como la minería del carbón, la siderurgia y la construcción naval, fueran, respectivamente, del 26%,12% y 13%, o que la empresa pública Bazán pierda un contrato por la inflexibilidad laboral. Urge una nueva frontera sindical.