El Gobierno quiere conseguir un pacto social por tres años para apuntalar la legislatura

Gobierno y agentes sociales se reúnen hoy para intentar sentar las bases de negociación de un pacto por el empleo que se presenta como el principal factor de estabilidad para la presente legislatura. El Ejecutivo quiere una vigencia de tres años para el acuerdo. Los objetivos son moderar los salarios, situando su crecimiento por debajo de la inflación, y "reducir algo el poder adquisitivo de las pensiones", según fuentes de Economía. La necesidad de contener el déficit público hace imposible prorrogar el compromiso de la anterior legislatura de subir las pensiones de acuerdo con la inflación pasada.

Los ministros de Economía y Trabajo, Pedro Solbes y José Antonio Griñán, respectivamente, abrirán hoy en Madrid, a las cinco de la tarde, en la sede del Ministerio de Economía, la primera ronda de la negociación del pacto de empleo. Al otro lado de la mesa se sentarán los secretarios generales de UGT, Nicolás Redondo, y Comisiones Obreras, Antonio Gutiérrez, y el presidente de la patronal CEOE José María Cuevas.Este segundo encuentro -el primero fue la entrevista que el pasado 5 de julio mantuvo el presidente Felipe González con Redondo y, Gutiérrez, primero, y Cuevas, después- tiene como objetivo, fijar el calendario de reuniones y delimitar los temas a pactar. El Gobierno espera de los interlocutores sociales una respuesta al informe enviado al Comité Económico y Social sobre reforma del mercado laboral, y más en concreto, sobre los aspectos decisivos: despido, formas de contratación o formación profesional. Sendas delegaciones de CC OO y UGT se reunieron ayer para perfilar un documento alternativo al presentado por el Gobierno.

La propuesta del Gobierno de acelerar la negociación para incluir ciertos compromisos de recorte de gasto público en el proyecto del presupuestos para 1994 no ha encontrado la necesaria receptivídad en los interlocutores sociales". La CEOE y también los sindicatos prefieren conocer el anteproyuecto de ingresos y gastos que prepara el Ejecutivo antes de comprometerse.

Las conversaciones parecen limitada,s al debate en torno a la moderación salarial y a la reforma del mercado de trabajo. La reinversión de beneficios para generar nuevos puestos de trabajo es la contrapartida que pueden obtener los sindicatos a cambio de dar su conformidad a las medidas de ajuste. Según fuentes del Gobierno, "por el momento no se contempla ninguna cifra de creacióri de empleo como resul tado del acuerdo", entre otras cosas, para no caer en promesas anterior es incumplidas.Reducir el déficit

El ministro de Economía centrará su exposición hoy en los problemas del déficit público y su previsión de fijarlo para el próximo año, en torno a un 4,5% del PIB. El objetivo irrenunciable es llegar a 1996 con un déficit total máximo de un 3% para cumplir el requisito esencial de la unión económica y monetaria. Solbes es partidario de articular un pacto de rentas que se traduzca en el recorte de gastos corrientes y la contención del gasto social. El presidente del Gobierno ha avanzado que la prioridad es poner fin al aumento explosivo de los gastos sanitarios.

A ello hay que añadir la moderación salarial y "una cierta pérdida, del poder adquisitivo de las pensiones". En lugar de revisarlas sobre el índice de inflación pasada, se baraja ahora introducir la inflación del año siguiente como baremo. El gasto en pensiones se aproxima a seis billones al año.

El ministro de Trabajo propondrá controles del fraude en el desempleo que impidan a los que reciben subsidio realizar un trabajo simultáneo en negro. Griñán piensa también introducir otros ajustes, como impedir que la indemnización por despido sea acumulativa con el seguro de paro.

Por encima de los contenidos del acuerdo, el pacto social se presenta como la principal baza de estabilidad del Ejecutivo. "Si no hay pacto", afirman fuentes del Gobierno, "la coalición con los nacionalistas vascos y catalanes resultará inviable y no se puede descartar que haya nuevas elecciones en poco más de un año".

Sea cual fuere el resultado de unos nuevos comicios, la única opción, dada la gravedad de la crisis, "es un ajuste duro con o sin pacto". En ese supuesto los sindicatos serían los principales afectados. La patronal, sin embargo, acude a esta negociación sin apenas riesgo político. El Gobierno insiste en una vigencia de tres años que convertiría el acuerdo en un paraguas para toda la legislatura, puesto que el grueso de las medidas y la negociación de los convenios colectivos comenzarían a aplicarse en enero de 1994.