La Audiencia de Sevilla decidirá esta semana sobre la nulidad del 'caso Ollero'

Un año después de que saltase a la luz pública el denominado caso Ollero, la sombra de que el proceso emprendido por la juez Pilar Llorente sea nulo pende sobre la instrucción del caso. Desde que el 15 de julio de 1992 la policía detuviera a Jorge Ollero, El Negro, con 22 millones de pesetas en un maletín que, según la acusación, habían sido pagados por la empresa Ocisa por la adjudicación de una obra pública, el caso ha seguido una instrucción lenta y se ha dividido en cinco tramas independientes. La Audiencia de Sevilla resolverá esta semana el recurso de nulidad de una de las defensas.

El debate jurídico sobre la validez que en nuestro ordenamiento tiene un anónimo para investigar los delitos en él denunciados ha monopolizado las últimas semanas de instrucción.La juez de Instrucción número 17, Pilar Llorente, iniciará sus vacaciones de verano el próximo viernes no sin antes conocer si lo actuado por ella es válido. Durante las últimas semanas los 10 interrogatorios que ha practicado no le han dado luz a lo ya instruido, y por contra, han sembrado de (dudas todo el proceso.

Primero cuando los máximos responsables de las constructoras Focsa y Ferrovial negaran que se pagaban comisiones en Andalucía por obtener obras públicas. Incluso alguno de los constructores le llegó a decir con sorna: "Señoría, en Egipto, allí sí que hay comisiones, mire usted, pero ¿en Andalucía? Aquí nunca las ha habido".

Más tarde, la juez se encontró con la primera negativa de testigos a declarar en la causa. Las hijas de Pedro Llach, el hombre al que presuntamente iba destinado el maletín con los 22 millones de pesetas, se acogieron a su derecho a no decir nada que pudiera perjudicar a su padre, pese al intento del fiscal y la propia juez encargada de la instrucción por conocer y descifrar el contenido de algunas de las conversaciones intervenidas en el teléfono de su padre, plagadas de nombres en clave: Cacerolo (Manuel Ollero), Negro (Jorge Ollero), Novecientos (La empresa Cubiertas y MZOV), Wisky (Dragados y Construcciones), Ópera (Aida Álvarez), Jesusín (Jesús Roa, presidente de Ocisa) y El Crema (Gustavo Durán), entre otros.

Un caso muerto

El silencio siguió como nota dominante durante las últimas comparecencias de este mes, aniversario del caso que lleva el número de diligencias 307/92. Fue Manuel Ollero, ex director general de Carreteras de la Junta de Andalucía y único cadáver político hasta el momento del caso; el primero en negarse a declarar. Ollero adujo que la doctrina contenida en un reciente auto dictado por la Audiencia de Sevilla le abría la puerta legal para obtener la nulidad. El fallo del recurso interpuesto por su letrado, Ángel Zamora, se espera con impaciencia por todos los abogados de la defensa. Alguno de ellos afirmó esta semana que "el caso está muerto" y que sólo falta saber "quién y cuándo certificará la defunción".Otros, por contra, aseguran que el caso seguirá y que basar como único argumento de defensa la nulidad "es tener poca convicción en la inocencia".