La causa duerme

Ante el compás de espera al recurso de nulidad, el resto de la causa duerme en el secreto de las actuaciones. En las diligencias 3597/92, es decir, el amado caso Inpiasa, la empresa favorecida desde la delegación de Gobernación de Sevilla, hay ocho imputados y sólo el Partido Popular como acusacion particular. De las 552/93, bajo el epígrage del anónimo "Informática", no se sabe nada. En las 554/93, "Artes Gráficas", las únicas filtraciones apuntan a que un empresario de este gremio se vio favorecido míllonariamente en la adjudicación de propaganda electoral y papeletas de votos en un concurso público con motivo de las elecciones autonómicas.Por último, las diligencias 553/93 del llamado caso Juego, han dado origen al referido auto de la Audiencia sevillana, en el que, amparándose en la doctrina jurisprudencial italiana, se conviene que "un anónimo no es denuncia" y, por tanto, "no puede constituir un indicio racional válido de culpabilidad, que permita adoptar medidas restrictivas de derechos" (caso de las intervenciones telefónicas).

Sin embargo, afirma también el auto que "el juez que recibe un anónimo no está obligado de modo inexcusable a tirarlo a la basura de la que probablemente procede, sino que atendiendo al principio de proporcionalidad, puede comprobar su veracidad".

Mientras la instrucción sobre los entresijos de las causas anejas está, de momento, bloqueada, el caso principal da la impresión de tener poco futuro. La reacción de los encausados así lo indica. El hombre del maletín, Jorge Ollero, añadió el pasado día 21 la crítica al silencio en su última comparecencia. Tras desdecirse de todo lo dicho anteriormente ante policía y la juez, llegó incluso a acusar a los agentes que le detuvieron, y también veladamente al fiscal y a la propia juez Llorente, de que no fue instruido debidamente de sus derechos constitucionales.