... En España, menos
En la ciudad de Barcelona, la Guardia Urbana impone del orden de 2,2 millones de multas al ano, a razón de unas 6.000 denuncias diarias (una media de 8.000 si se exceptúan los fines de semana y los periodos de vacaciones), informa Lluís Uría.La mayor parte de las sanciones, en una urbe congestionada como la capital catalana, corresponde a infracciones de aparcamiento (el 70% del, total), y sólo una cuarta parte a infracciones de tráfico.
Muy pocos conductores pagaban años atrás las sanciones de tráfico, y aún hoy se escapan a la fiscalización municipal muchos infractores, pese a las campañas emprendidas por el Ayuntamiento. En este momento, están pendientes de cobro, ya en la vía ejecutiva, 1.337.000 multas correspondientes a los años 1990, 1991 y 1992, por valor de 12.136 millones de pesetas. Sólo el 15% de las sancionas se cobran en periodo voluntario.
Las autoridades municipales acometieron en mayo de 1992, no sin polémica -el Partido Popular ha sido uno de los más críticos-, la práctica de embargar las cuentas bancarias de los morosos. Hasta ahora, y en sucesivas oleadas -la última, este mes de julio-, se han einviado 4 1.000 notificaciones de embargo, que se concentran en los reincidentes -quienes tengan un mínimo de tres multas en su expediente- y en los conductores que cometan infracciones graves.
Privatizar en Valencia
El Ayuntamiento de Valencia presupuestó recaudar en 1992 unos 136 millones de pesetas por multas. En ese año se impusieron sanciones por un importe de 1.700 millones, de los que solamente se cobraron 105, el 6%.Ante este problema, el concejal de Hacienda, José Luis Olivas, del PP, ha anunciado la concesión por concurso público a una empresa privada de la gestión y el cobro de las multas de tráfico. Esta empresa obtendrá un tanto por ciento de lo que recaude. En Valencia, el cobro ejecutivo de las multas -con la adición de un recargo del 20% o el embargo de bienes- se efectúa sólo esporádicamente.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla logra cobrar el 50% de las multas que tramita. Sin embargo, la mitad de los propietarios de vehículos sancionados no dispone de una cuenta corriente conocida para proceder a su embargo. Además, 100 de las 400 multas que se imponen a diario en la ciudad no se llegan a tramitar porque sus titulares no están empadronados en Sevilla.
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