El Gobierno británico quiere reformar los juicios penales para hacerlos más expeditivos

Algo está fallando en la justicia penal británica. El rápido aumento de la criminalidad, unido a una racha de errores judiciales y sentencias escandalosas, ha convencido al Gobierno y al público de que es necesario cambiar el sistema. Una comisión oficial ha elaborado una lista con 352 propuestas de reforma, entre las que se incluyen algunas tan radicales como la abolición del derecho a jurado o la limitación del derecho a guardar silencio. En el Reino Unido del posthatcherismo, crimen y justicia son las dos principales preocupaciones ciudadanas.

En cuanto la situación económica ha mostrado los primeros signos de recuperación, la vista del público se ha vuelto hacia las calles peligrosas. Asesinatos y agresiones se multiplican en las páginas de los periódicos y en las charlas de los bares. Florecen las patrullas ciudadanas y los justicieros privados, dispuestos a suplir las funciones de una policía aparentemente desbordada.En realidad, el deterioro de la seguridad ciudadana no es dramático. Hay zonas negras, pero, de acuerdo con las estadísticas, la criminalidad se mantiene en niveles comparables a los de otros países comunitarios. La desazón es alentada por una impresión colectiva más o menos correcta: que la policía y los jueces dejan libres a demasiados delincuentes y condenan, en cambio, a demasiados inocentes.

Según una encuesta publicada por el periódico especializado Solicitors Journal, sólo un 21% de los británicos cree aún que la justicia del Reino Unido es la mejor del mundo. Más de la mitad de los encuestados creen que se está deteriorando gravemente. Las condenas erróneas son, en su mayoría, heredadas de los años setenta, cuando la primera gran ola de terrorismo fue respondida con una ola de encarcelamientos. Casos como los de Judith Ward y los seis de Birmingham, revisados en los últimos años, se han convertido en símbolos de la excesiva falibilidad de los tribunales británicos.

Esta semana, una sentencia formidablemente polémica ha demostrado que el sistema también puede equivocarse al revés, favoreciendo al criminal. Se trata del caso de Joseph Elliot, un joven de 19 años con antecedentes penales, y Bob Osborne, un padre de, familia de 40 años.

Una noche de diciembre del año pasado, Elliot se dedicó a reventar los neumáticos de los coches aparcados en su barrio, un área deprimida del sur de Londres. El joven, que ya se había permitido ese entretenimiento en otras ocasiones, había consumido LSD, marihuana y tres litros de cerveza. Bob Osborne safló de su casa con un martillo, dispuesto a ahuyentarle. Se encontraron y la navaja de Elliot acabó en el pecho de Osborne. Según la esposa de la víctima, el moribundo recibió unas cuantas patadas de propina. El martes, un jurado de ciudadanos honestos decidió que Elliot actuó en defensa propia. El joven proclamó que no tenía nada de qué arrepentirse mientras abandonaba el tribunal, libre como un pájaro.

Los expertos que han repasado los procedimientos del juicio señalan que ni el jurado ni el juez se equivocaron, desde un punto de vista técnico. Fue el planteamiento de la acusación el que desembocó en la absolución de Elliot. La organización de las acusaciones penales recae en el Prosecution Service, un cuerpo legal falto de recursos humanos y económicos. Muchos abogados creen que la función de proveer datos al juez debería volver a la propia policía.

Más delitos, menos juicios

Pero la policía tiene sus propios problemas. El Ministerio del Interior abrió hace dos semanas una investigación sobre un hecho inquietante: aumentan los delitos, pero disminuyen los procesamientos. En los tres primeros meses de 1992 hubo 162.029 juicios; en el primer trimestre de este año, la cifra se redujo a 137.963. Según la propia policía, la explicación debe buscarse en el exceso de burocracia.Llevar ante el juez a un presunto delincuente implica mucho papeleo, por lo que la policía prefiere amonestar en los casos que considera menores o difíciles de probar. Las amonestaciones han aumentado casi un 50% en sólo un año en ciudades como Manchester. Se trata de un fenómeno "muy preocupante para el público", según el ministro del Interior, Michael Howard.