"No subordinaré el pacto global sobre la justicia a mis ideas personales"

La trayectoria democrática de Juan Alberto Belloch y su defensa permanente de los derechos humanos no ofrecen dudas a quienes conocen a este juez de 43 años, turolense recriado en Barcelona y afincado como magistrado en el País Vasco. Quienes han coincidido con él en la asociación Jueces para la Democracia y admiran su vocación política, se asombran poco de la presencia de Belloch en el Gobierno, al que ha saltado desde el trampolín del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en el que pretende protagonizar un gran pacto de todos los sectores jurídicos.Pregunta. Usted ha declarado como prioridad ampliar las competencias del CGPJ, lo contrario de lo que hizo Fernando Ledesma, otro magistrado que también pasé del órgano de gobierno del poder judicial al Ejecutivo socialista. ¿No hay riesgo de que, como ministro, usted modifique su visión de las cosas?

Respuesta. Asumo íntegramente el documento del CGPJ sobre ampliación de competencias, cuyo contenido presentaré al Consejo de Ministros. La decisión última corresponde al Parlamento.

P. ¿El CGPJ contará con la selección de los jueces este mismo año?

R. Lo que yo garantizo es que el 15 de septiembre se constituirá la comisión encargada de esa primera reforma de la ley orgánica del Poder Judicial y se empezará a trabajar en esa dirección. Para más adelante quedará una reforma más amplia, sobre la que también se trabajará inmediatamente, pero en la que es lógico pensar que tarde más en producirse el consenso. Por eso separamos lo más fácil, primero, y lo más complejo, después. En todo caso, mi compromiso es iniciar el proceso, pero no quiero que se crea que soy un supermán que puedo arreglarlo todo.

P. ¿Puede ponerle plazo a la instauración del Jurado?

R. Para mí es urgente, pero no depende sólo de mí. El 15 de septiembre presentaré un proyecto a esa comisión. Como se trata, además, de un asunto muy elaborado y estudiado, yo creo que puede hacerse rápidamente. Lo que yo pretendo es que la ley del Jurado se integre en un pacto global de reformas urgentes. Pero si tal reforma se empantana, promovoré una ley del Jurado, con las reformas imprescindibles para que el jurado funcione.

P. A partir de ahora, ¿los edificios judiciales van a tener en cuenta la existecia del futuro jurado?

R. Por supuesto.

P. El tiempo de realización de ese pacto global, ¿en cuánto lo calcula?

R. Yo he planteado al Consejo de Ministros que necesito cuatro meses para replantear el Código Penal. Esos cuatro meses van a ser cruciales y, desde luego, si se aprovechan bien, junto al Código Penal debería ir el paquete de medidas anexas, incluida la ley del Jurado y la reforma procesal penal vinculada a ambas leyes.

P. De todas las propuestas que mantiene, ¿cuál le obligará a dimitir si el Gobierno no la asume?

R. Creo que eso mismo me lo ha preguntado mi mujer, y mi hijo [de 17 años]. Le digo como a ellos: dimitiré ante todo aquello que vaya contra la forma que tengo de entender los derechos humanos. Mi trayectoria profesional y personal es muy lineal en la defensa a ultranza de los derechos humanos.

P. Pero si el Gobierno no asume el paso al CGPJ de la selección de los jueces, la reforma procesal o la ley del Jurado, ¿qué pasará?

R. Llevo varios años reclamando la selección para el Consejo. Me parece simplemente imposible que eso se pudiera bloquear, entre otras cosas porque está en el programa del PSOE. En ese campo concreto, creo que se me va a apoyar. De lo contrario, no entendería para qué se me ha hecho ministro. Yo no he sido nunca clandestino. Mis ideas están ahí. Creo que se me ha hecho ministro de Justicia, sustancialmente porque lo que he venido sosteniendo debe de parecerle adecuado al presidente del Gobierno. Eso no quiere decir que mis propuestas se acepten al 100% por el Gobierno y el Parlamento. Pero está claro que no tendría sentido seguir si se decidiera que no hay que hacer reforma procesal, o que no hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial, etc.

P. ¿Qué medios va a aplicar para atajar la lentitud de la justicia?

R. En una situación de crisis económica y de previsible recorte presupuestario, es muy difícil pensar en reformas que impliquen alto coste económico. Pero la lentitud no sólo se resuelve con dinero. Por ejemplo, hay que potenciar los juicios rápidos, que tan buen juego dieron en Barcelona; promover equipos volantes de apoyo para resolver situaciones concretas de atasco; agilizar la ejecución de las condenas a la Administración...

P. ¿Qué hará usted para que la Administración no siga pleiteando contra el criterio jurisprudencial consolidado, uno de los motivos del atasco judicial?

R. Dar instrucciones específicas al Servicio Jurídico del Estado, que depende de esta casa. Será la primera instrucción política que daré al director general, porque eso es verdad que no cuesta dinero y debe hacerse ya.

P. ¿Va a proponer al Gobierno ampliar la despenalización del aborto según la ley de plazos?

R. Sí, en la línea de lo que defendí desde el CGPJ.

P. El anterior ministro tenía dudas sobre la constitucionalidad de esta ampliación.

R. Dudas perfectamente razonables, pero que yo no tengo.

P. La vía penal ¿va a quedar definitivamente excluída para corregir los excesos de los periodistas?

R. Va a quedar como último remedio para casos extremos de contumacia consciente en el desprecio a la verdad o en la falta de diligencia.

P. ¿Prevé alguna novedad en materia de tratamiento a los presos?

R. Hay que garantizar el tratamiento individualizado de toda la población reclusa.

P. Usted consiguió en el CGPJ un acuerdo a favor de la creación de un defensor público, como alternativa a los abogados de oficio, no siempre eficientes para la gratuidad de la justicia. ¿Pondrá ahora en práctica esa idea?

R. Mi planteamiento general es el siguiente: yo sigo teniendo mis ideas, pero no supeditaré a ellas el objetivo del pacto global sobre la justicia. Las ideas del ministro no son lo más importante, ni mucho menos, y no haré nunca reformas fuera de ese marco global o subordinadas a mis ideas.

P. Pero parece lógico que intente realizar ideas que considera razonables.

R. Sí, pero siempre desde la óptica del pacto. Si resulta que una idea mía bloquea la posibilidad del pacto, no la voy a sostener a ultranza.

P. El llamamiento a la participación en un mismo proyecto global de jueces, fiscales, abogados, procuradores, notarios, registradores, secretarios judiciales -algunos de ellos con intereses contrapuestos- plantea la interrogante de si lo corporativo puede aunarse en beneficio de los ciudadanos...

R. Esa es una pregunta muy difícil. El límite evidente para el ministro de Justicia es que en modo alguno los intereses corporativos pueden predominar sobre los intereses públicos, a los que tienen que estar subordinados los primeros. El ministro de Justicia no se apoyará nunca en el corporativismo que, como tal, es un mal, y todo lo contrario de la participación. En cuanto a los intereses contrapuestos entre unos y otros sectores, creo que si en una misma mesa están sentados todos, se irán depurando los aspectos que responden a posiciones corporativas. Hay que crear las condiciones en las cuales los argumentos tengan que sostenerse con transparencia y contradicción, en lugar de que cada uno acuda al ministro de Justicia a explicar sus particulares planteamientos. La obligación de esta casa es crear ese clima de diálogo.

P. ¿Habrá paz entre los ministerios de Justicia e Interior?

R. Me parecería lamentable que se reprodujera cualquier tipo de tensiones. Lo sensato es no crear polémicas artificiales ni descargar culpas unos poderes sobre otros. Desde luego, no seré yo el que empiece con descalificaciones ni críticas ni a los jueces ni a los altos cargos. Mis criterios los mantendré en el Consejo de Ministros, pero no entraré en la polémica que algunos me auguran.