El PRI promueve una reforma para dar credibilidad a las elecciones mexicanas

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), la fuerza hegemónica mexicana, se ha comprometido a dotar al país de un marco político más democrático, que será estrenado en la doble elección legislativa y presidencial de 1994. La decisión, que implica retocar la Constitución, otorga a la futura oposición mayores posibilidades de representación parlamentaria y promueve el fin de prebendas electorales.

El PRI, empujado por el presidente Carlos Salinas de Gortari y atendiendo las exigencias de la oposición, no es que vaya a hacerse el haraquiri: lo que pretende es acabar con, una injusticia histórica que venía frenando el pluralismo democrático en México. Para el partido que ha estado durante décadas monopolizando la vida política nacional, presentar esta iniciativa a un Parlamento que controla le supone estar más cerca de compartir el poder que de acapararlo. El PRI es consciente de que nocquea así un sistema del que ha sacado buen partido.De la reforma destacan dos proyectos que permitirán a la oposición que salga de las elecciones de 1994 estar más equitativamente representada en el poder legislativo. La primera afecta al Senado, que contará con tres escaños por Estado. Dos serán asignados por el principio de mayoría, pero el tercero será reservado a la primera minoría, siempre que haya superado un mínimo umbral de representatividad, que aún no se ha determinado.

En cuanto a la Cámara de Diputados, la reforma priísta promueve el principio de representación proporcional a todos los partidos por igual. Esto elimina la llamada cláusula de gobernabilidad, diseñada para asegurar numéricamente el control de la Cámara al partido más votado. Esto permite que por primera vez sea posible plantear la hipótesis de un pacto parlamentario.

Al paquete de reformas parlamentarias se une otro de tipo electoral que afecta a cualquiera de los comicios federales del país, sea el que proporciona presidente o el que elige parlamentarios. Para ello se pretende: reforzar la autonomía del Tribunal Electoral, de manera que actúe como última instancia en la resolución de los conflictos que se puedan plantear; desarrollar una ley que regule la financiación pública y privada de los partidos; introducir la figura del observador electoral independiente (sólo ciudadanos mexicanos), y regular la fijación de un tope a los gastos de las campañas que evite el despilfarro.