La piqueta acaba con un sueño ilegal en Lozoyuela

Madrid - 24 jun 1993 - 00:00CEST

OCTAVIO CABEZAS La piqueta arremetió y el chalé empezó a temblar entre el catacrac de los ladrillos y el cemento. No es habitual que una construcción ¡legal -en suelo no urbanizable- termine por los suelos. Ayer ocurrió así con un chalé y ocho casetas enclavadas en Lozoyuela (610 habitantes), a 65 kilómetros de Madrid. Una de las propietarias de las casetas -edificadas con material de desecho- resumía así su tristeza: "Me he gastado lo poco que tenía. Si tuviera millones, viviría en La Moraleja". La demolición fue acometida por funcionarios de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

El expediente que motiva la demolición había sido abierto por la citada dirección general en enero de 1992. Los propietarios de las edificaciones recibieron hasta cuatro órdenes para proceder a la destrucción voluntaria, pero las ignoraron.Agotados todos los plazos legales, a la Dirección General de Urbanismo sólo le faltaba la autorización judicial, que finalmente obtuvo el día 22.

El chalé (de unos 230 metros cuadrados) y las casetas (entre 10 y 50 metros cuadrados) se habían erigido en lo que la Ley del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 1985, clasifica como "suelo no urbanizable especialmente protegido", en el que sólo pueden edificarse "instalaciones de carácter agropecuario" (por ejemplo, naves ganaderas). Además, carecían de licencia municipal y de cédula de habitabilidad, que deben ser expedidas por el municipio en cuyo término se encuentre la edificación (Lozoyuela, en este caso).

En términos legales, deberían ser los ayuntamientos los que se hicieran cargo del control e inspección de este tipo de actuaciones. Sin embargo, la falta de medios de muchos de ellos y el temor a poner en marcha acciones impopulares hacen que, especialmente en los municipios pequeños, se delegue en la Comunidad para estas labores.

El alcalde de Lozoyuela, Francisco Corella (PSOE), no se acercó ayer por la zona ni por su despacho. Los afectados señalan su responsabilidad en lo ocurrido, por no haberles informado de lo que podía sucederles.

Ley y lágrimas

El ambiente entre los propietarios afectados por los derribos de ayer en Lozoyuela era tenso cuando empezaron a divisar la excavadora que iba a tirar sus casas. Pero en ningún momento hubo violencia. Los guardias civiles presentes sólo vigilaron discretamente.Mientras su esposa lloraba sobre su hombro, Jose Luis Cabrero Pereira se lamentaba ante el montón de escombros en que quedaba reducido su chalé. Su hijo, Juan Carlos Cabrero Sánchez, mostraba con su carné de identidad que estaba empadronado en Lozoyuela y que el chalé era su vivienda y no la casa de campo de sus padres. Intento inútil. No se puede estar empadronado donde la ley no permite habitar.

Como última posibilidad, el conjunto de propietarios esgrimía un recurso ante los tribunales. No saben, sin embargo, que la actuación administrativa es ejecutiva por derecho y no se paraliza mientras los jueces deciden. Miguel Ángel López Toledano, director general de Urbanismo del Gobierno regional, intentaba calmar y consolar, con el argumento de que la ley debe cumplirse. Pero no es fácil hablar de legalidad a quien desconoce el alcance de la misma hasta el momento en que le perjudica.

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