La elevada movilidad de los jueces genera 'atascos' en los tribunales del País Vasco

La movilidad registrada entre el personal administrativo y los magistrados vascos -superior al 81% en 1992- impide un normal funcionamiento de la Administración de Justicia y genera "interrupciones importantes en el trabajo", según afirmó ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Bautista Pardo. De acuerdo con los datos aportados por Pardo durante la presentación de la memoria del pasado año, el 41% del personal tomó posesión durante ese año."Así es muy difícil que un organismo pueda funcionar, ya que se producen interrupciones muy importantes en el trabajo. Si esto ocurriera en una institución privada se colapsaría", manifestó Juan Bautista Pardo.

La movilidad del personal de Justicia, unida a la falta de medios, han consolidado los atrasos que se vienen registrando en la resolución de los asuntos tramitados, que en 1992 se elevaron a 194.938, un 1,9% más que en el ejercicio anterior. Con todo, se ha mejorado en el porcentaje de asuntos resueltos, que se ha incrementado en un 6,5%, mientras que el número de casos pendientes ha descendido en un 2,5%.

El número total de asuntos que llevan retraso en su tramitación se eleva a 12.500. La "disfunción" entre el volumen de casos tramitados y resueltos es especialmente preocupante en la sala de lo contencioso administrativo del alto tribunal vasco.

Si en 1992 el incremento en favor de los tramitados fue del 22,20%, sólo hasta mayo de este año se ha producido un aumento cercano al 37%. Juan Bautista Pardo reiteró sus críticas por la falta de medios y recordó la existencia de leyes procesales obsoletas que causan graves trastornos en los asuntos procesales".

Un juez para 13.500 habitantes

Frente a la relación de 10.500 personas por magistrado que se recoge en la Ley de Demarcación y Planta Judicial, en Euskadi existe un juez por cada 13.500 habitantes, "superior a los países de nuestro entorno, por ejemplo Francia, que tiene una relación muy inferior", indicó Pardo.La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia no ha constatado el Intento, denunciado por la parte vasca, de la Administración central de reinterpretar las leyes que desarrollan el autogobierno vasco. Por ejemplo, los recursos relacionados con la interpretación del concierto económico.