Vuelve Filesa
TRAS EL paréntesis electoral, el caso Filesa ha vuelto por sus fueros procesales. El Tribunal Supremo ha decidido que el caso siga en sus manos, o mejor, en las del juez Barbero, y que la investigación retome su ritmo normal. Su decisión es coherente con la naturaleza y exigencias del proceso, lo mismo que fue prudente la de congelar su instrucción al inicio de la campaña electoral y mantenerla viva exclusivamente en las diligencias que pudieran ser "urgentes e inaplazables".A la justicia se la representa como una dama con los ojos vendados para significar su independencia e imparcialidad frente a cualquier influencia exterior al proceso, pero ello no implica que quienes la imparten estén obligados a mantener los ojos cerrados ante lo que ocurre a su alrededor. Y lo que ocurría en vísperas de la campaña electoral es que un asunto como el de Filesa, en el que judicialmente están enfrentados los dos partidos que iban a medir sus fuerzas en las elecciones (el PP, como parte acusadora en el proceso, y el PSOE, como acusado por interposición de sus militantes implicados), podía interferir indebidamente en la decisión básica en una democracia: la del ciudadano a la hora de emitir su voto ante las urnas.
De ahí que fuera sorprendente la decisión del juez Barbero -luego acertadamente rectificada- de citar a los peritos de Hacienda para ratificar su informe so bre Filesa tres días antes de las elecciones, cuando tal diligencia no era ni urgente ni inaplazable y amenazaba con irrumpir en el proceso electoral en su momento álgido: aquel en el que el elector sopesa los últimos argumentos para decidir libremente su opción electoral. Con la ratificación, ayer, de este informe, la investigación sumarial del caso Filesa no sólo retoma su ritmo normal, sino que adquiere solidez.
De otro lado, la decisión del Supremo de declararse competente en el caso -un tema pendiente de dilucidar desde el momento en que los implicados aforados perdieron su condición de parlamentarios por la disolución de las Cámaras- despeja los riesgos de paralización que pesaban sobre el proceso en el supuesto de que otro órgano judicial hubiera tenido que hacerse cargo de la investigación. La condición de diputado autonómico de Josep Maria Sala -uno de los implicados, pero todavía no formalmente inculpado en el caso Filesa no sólo deja expedita la vía al Supremo para seguir con el caso -en virtud de las previsiones del estatuto de autonomía de Cataluña, y no de la ley de 1912-, sino que obvia la exigencia del suplicatorio, insoslayable en otros momentos del proceso. Salvo que, como parece previsible, Sala vuelva a ser designado miembro del Senado por elección del Parlamento catalán. En ese supuesto sería inadmisible que el juez Barbero pospusiese por más tiempo su decisión al respecto.
En todo caso, existen todas las condiciones para que la justicia se pronuncie responsable y libremente sobre el asunto Filesa. Este pronunciamiento y el que corresponde a aquellos otros casos de corrupción que estan sub júdice ayudarán sin duda a los propósitos de saneamiento de la vida política anunciados para esta legislatura.
