Expertos europeos debaten en Madrid sobre la propiedad intelectual en el espacio

El vacío legal existente en la legislación europea de patentes y el carácter internacional de los laboratorios espaciales plantean la necesidad, según expertos de la Agencia Espacial Europea, reunidos estos días en Madrid, de crear una legislación común europea que proteja los inventos realizados en el espacio.

Por el momento, sólo EE UU y Alemania poseen normas específicas en materia de nuevos descubrimientos a bordo de laboratorios espaciales. Para la legislación estadounidense, cualquier inventó llevado a cabo en una nave espacial, que vuele bajo su jurisdicción será considerado como propio. Esto ha alertado al resto de los países que participan en proyectos espaciales, especialmente a los 10 europeos, entre ellos España, que forman la Agencia Espacial Europea, ya que gran parte de sus experimentos en microgravedad se llevan a cabo en el Spacelab de EE UU. El problema legal radica en que la ley de patentes de cada país sólo es aplicable en el propio territorio nacional, pero el espacio exterior no puede ser considerado como tal. Además, el coste y la complejidad de las misiones espaciales obliga a su internacionalización, con las consiguientes interferencias legales entre los países patrocinadores. Por eso se pretende que la futura estación Freedom, de llegar a realizarse, disponga de unos microterritorios nacionales que solventen el problema.

"El tema principal no es la falta de una legislación clara al respecto, sino qué hacer en caso de infracción por parte de algún país, ya que no se han establecido los medios de defensa necesarios para proteger al inventor", afirma Anna Maria Bosano, de la comisión de asuntos legales de la ESA.

Según Bossano, Europa tiene que hacer un esfuerzo para unificar criterios y presentar una legislación común antes de que los laboratorios espaciales ya existentes (Spacelab, Eureka, Mir) comiencen a dar resultados positivos.

De momento, en caso de que un país lleve a cabo experimentos en un vuelo espacial que no sea propio -como es el caso de los experimentos españoles sobre -microgravedad en el Spacelab-tiene la obligación de hacer públicos los resultados a los seis meses de finalizada la misión.