El valor de un gesto

EL LAMENTABLE incidente del proyecto frustrado de instalación en Asturias de una planta petroquímica de capital saudí ha terminado de una forma razonable y digna: si, como todo permite deducir, el Gobierno autónomo, y su presidente a la cabeza, han sido objeto de una estafa o engaño, sólo cabía asumir las responsabilidades políticas -puesto que no ha habido gastos económicos, según la versión oficial- e interponer la correspondiente denuncia judicial si hubo delito. La dimisión del presidente y de su Gobierno en pleno es el reconocimiento de un error, pero también una actitud clara y poco frecuente de una regla no escrita: los errores se pagan. Un comportamiento tan sencillo como ejemplar puede ser interpretado desde diversos puntos de vista, pero la dimisión a bote pronto anula totalmente la odiosa sensación de que el apego al poder está indisolublemente unido a la condición del político. Es, sin duda, la reivindicación de una profesión, pues en pocas ocasiones como la descrita el sentido común se ha mostrado más próximo a las decisiones sensatas.Los hechos son tan insólitos que si no fuera por la frustración social que conllevan, encajarían en una nueva y refinada picaresca de finales de siglo: la pasada semana, dos días antes de iniciarse oficialmente la campaña electoral, el presidente del Principado de Asturias, el socialista Juan Luis Rodríguez-Vigil, convocó una conferencia de prensa para anunciar a bombo y platillo una inversión multimillonaria -360.000 millones de pesetas- en territorio asturiano para construir una planta petroquímica. Dio el nombre del inversor, el Saudi International Bank, de capital estatal de Arabia Saudí, y subrayó que daría empleo a 1.500 asturianos de forma directa y unos 5.000 inducidos. Incluso precisó que se comprometía a Conseguir el 30% de la inversión (108.000 millones) del Gobierno central para subvencionar el proyecto.

En principio, la noticia fue recibida como se merecía: todo un bombazo. Tanto desde el punto de vista económico y social, por lo que supone para una región deprimida por la crisis industrial, como desde el político, por lo que representaba como arma electoral en, vísperas de las elecciones. Sin embargo, al día siguiente ocurrió lo peor. Todo lo anunciado por Rodríguez-Vigil empezaba a convertirse en un fiasco. El propio Saudi Intemational Bank, desde sus oficinas de: Londres y Nueva York, negaba categóricamente la existencia de la mencionada inversión.

Mientras tanto, en Madrid, el ministro de Industria, Claudio Aranzadi, reconocía haberse enterado del asunto por "lo que dicen los periódicos". ¿Cómo es posible que una inversión de tamaño calibre, en la que se asegura que la Administración central va a financiar más de 100.000 millones de pesetas, no sea conocida por los responsables del Gobierno? ¿Cómo se puede anunciar una inversión tan fuerte sin haber hablado directamente con los inversores, como reconoció Rodríguez-Vigil?

Es evidente, y así lo reconoció el ahora dimisionario presidente, que depositó una confianza excesiva en los intemediarios de la inversión. Lo peculiar del asunto es que todo ello se produce en vísperas de unas elecciones generales en las que la incertidumbre de sus resultados multiplica por mil el valor de los gestos. Rodríguez-Vigil, suponemos que eufórico por el importante impacto popular y electoral de la hipotética inversión, superó con excesiva facilidad los pormenores del proyecto, obvió las preguntas más elementales y Confundió, en suma, el deseo con la realidad.

Pero si la historia remite a pícaros, engaños y precipitaciones, la resolución de la misma -la rápida dimisión del Gobierno asturiano y el anuncio de investigar y clarificar todos los extremos de la historia-, demuestra dos cosas importantes: de un lado, que la dureza de la campaña electoral no hace olvidar -sino más bien parece estimularlo- el componente moral de: las decisiones políticas. De otro, que la ciudadanía tiene la oportunidad de comprobar que las reglas del juego lo son para todos.

Son tiempos difíciles en los que, en ocasiones, el valor de un gesto permite, recuperar la confianza en la clase política. Han sido demasiados casos de incompetencia tolerada, de fácil culpabilización ajena-en prácticamente todo el espectro político- como para que un reconocimiento explícito e inmediato de un grave error pase inadvertido.