Investigado por prevaricación en Nápoles el ex primer ministro democristiano De Mita

Ciriaco de Mita, de 65 años, ex primer ministro, ex secretario general de la Democracia Cristiana (DC), cuya ala izquierda dirige, y única personalidad de su partido aún no investigada en relación con la financiación con dinero negro de la política, recibió ayer la notificación de que la Magistratura de Nápoles le ha abierto un sumario por presuntos actos de prevaricación ejercida en relación con la distribución de ayudas para la reconstrucción del terremoto de 1980.

En los mismos hechos, han sido implicados el actual director general de la Protección Civil, Elveno Pastorelli, y el presidente del Club de Fútbol Nápoles, el constructor Corrado Ferlaino, junto a otras 12 personas.Natural de Avellino, cerca de Nápoles, propietario junto a otros familiares de una Banca d'lrpinia que toma el nombre de la localidad donde tuvo su centro el terremoto y cuyos depósitos crecieron tras el citado siniestro, De Mita es investigado porque, en 1986, cuando era secretario de la DC, condicionó presuntamente, a través de intermediarios, la concesión de ayudas a la reconstrucción al hecho de que las empresas favorecidas dieran empleo a determinadas personas de su entorno. Otro hermano de De Mita estaba ya detenido por el mismo asunto.

Para combatir las secuelas de una catástrofe que causó 2.735 muertos, devastó 37 municipios y dejó sin casa a 300.000 personas, el Estado italiano lleva gastados un número ni siquiera precisado de billones de liras en la implantación de empresas que generalmente no llegaron a abrir sus puertas -se ha calculado en 1.000 millones de liras el coste de cada nuevo puesto de trabajo y con los que se han construido unas 100.000 viviendas más de las que destruyó el terremoto. Pero siguen siendo unas 14.000 las familias afectadas que viven en chabolas, y 20 billones de liras (unos 170.000 millones de pesetas) la cifra que aún tendría que invertirse para cancelar las huellas económicas del siniestro.

"Una víctima"

"He sido una víctima" del sistema de las comisiones ilegales, "porque traté de oponerme y me derrotaron", manifestaba precisamente ayer De Mita en un diario italiano. Esta declaración se refería, sin embargo, a otro asunto, como es la presunta implicación del líder de la izquierda democristiana en el tráfico de comisiones en Milán, según se deduce de lo declarado por Cesare Romiti, consejero delegado de Fiat, ante los jueces.

A propósito de la venta de una empresa del grupo turinés al estatal IRI, realizada en los años ochenta, Romiti declaró que Bettino Craxi, el ex líder socialista, le preguntó una vez "de un modo desenvuelto y arrogante", acerca de "con quién se había puesto de acuerdo", para hacerle ver que él mismo "esperaba algo" del asunto. "También De Mita me pidió cuentas de eventuales contribuciones nuestras al sistema de partidos", añadió Romiti.

Pero ni esta colaboración voluntaria con la justicia, que se concretó hace semanas entre rumores de una solución pactada por Fiat con los jueces, ni el subsiguiente llamamiento hecho por la empresa de Turín a la élite industrial italiana para que dijera todo lo que sabe a los magistrados, han impedido que Romiti termine inscrito en el llamado Registro de Indagados de Milán, lo que representa un paso previo a la apertura de un sumario.

Los problemas judiciales de Romiti derivan, al parecer, de la confesión de Antonio Mosconi, presidente de la Toro Assicurazioni, que, según informaciones no confirmadas, habría hablado de una cuenta suiza para el pago de comisiones negada por Romiti.

La noticia ha contribuido, sin embargo, a incrementar las tensiones surgidas en tomo a este tema entre empresarios habitualmente competitivos.

Acosado por sus propias publicaciones, ya que tanto el semanario L'Espresso como el diario La Repubblica -aunque éste en tono más amable- le han reprochado abiertamente el que haya pagado comisiones, el ingeniere Carlo De Benedetti, presidente de Olivetti, se defiende diciendo que él es el único gran directivo italiano que ha reconocido su responsabilidad personal en unos hechos que, por lo demás, dice que le fueron impuestos.