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6 de JunioElecciones 93

Oposición del Gobierno y del Banco de España

Portavoces del Gobierno y del Banco de España insistieron ayer en su posición contraria a la creación del Banco Público de Euskadi. Sin pronunciamientos oficiales contundentes, altos funcionarios de ambas instituciones explicaron a este periódico que no tenía sentido crear un ente de este tipo, "cuando la Comunidad Europea avanza hacia entidades supranacionales, dentro del proceso de Unión Económica y Monetaria previsto en el Tratado de Maastricht".Portavoces del Banco de España no quisieron valorar oficialmente el proyecto del Gobierno vasco y se remitieron a las declaraciones realizadas en su día por al anterior gobernador, Mariano Rubio, que se opuso públicamente a ese proyecto, por considerar que iba en contra de lo que marcaba la Constitución, tras recibir la información correspondiente del consejero de Hacienda del Gobierno vasco, José Luis Larrea.

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El Banco de España se opone a la creación de cualquier banco central autonómico para gestionar los recursos retenidos mediante el coeficiente de caja, "porque los coeficientes son uno de los instrumentos clave de la política monetaria y ésta sólo la puede realizar la Administración Central, según establece la Constitución", indicaron las citadas fuentes oficiales del banco emisor.

Tanto fuentes de la Presidencia del Gobierno como del Ministerio de Economía y Hacienda mantenían ayer actitudes similares, pero los portavoces consultados no quisieron hacer una declaración oficial al respecto. En ambos casos, los representantes se remitieron a las anteriores declaraciones del presidente del Gobierno, Felipe González, y del ministro de Economía, Carlos Solchaga, quienes llevan meses insistiendo en que parece contradictorio que cuando Europa avanza hacia la creación de un banco central europeo se planteen en España entidades de ámbito autonómico.

Se da la circunstancia de que la disolución anticipada del Parlamento, por la convocatoria de elecciones, impidió aprobar la Ley de Autonomía del Banco de España, que aumentaba considerablemente las competencias de esta institución en materia de política monetaria. Esta ley contaba con el apoyo mayoritario de la Cámara. La independencia de los bancos centrales respecto de los gobiernos forma parte de las medidas previstas en el Tratado de Maastricht.

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