La policía de Barcelona evita utilizar la "ley Corcuera" para registrar domicilios

La policía y la Guardia Civil de Barcelona apenas han utilizado la denominada ley Corcuera para entrar en casas particulares. Los agentes prefieren seguir pidiendo autorización judicial para prácticamente todas las entradas y registros, incluidos los relacionados con las drogas. Desde su entrada en vigor, en febrero de 1992, y agosto de ese año, sólo han dado la patada en la puerta sin orden del juez en seis ocasiones.

Las cifras facilitadas por el propio ministro del Interior, José Luis Corcuera, son bien elocuentes en este sentido: desde que la ley entró en vigor, el 21 de febrero de 1992, hasta finales de agosto del año pasado, la policía barcelonesa sólo utilizó la posibilidad de entrar en una vivienda particular sin permiso judicial en seis ocasiones, mientras que en Madrid -única ciudad con la que se puede hacer una comparación coherente- se produjeron 43 casos, siete veces más.Esta manera de proceder de la policía barcelonesa no es gratuita. El fiscal antidroga de Cataluña, José María Mena, aporta una razón de peso para explicar por qué no vale la patada: los jueces suelen absolver a los acusados por tráfico de drogas cuando no tienen la certeza suficiente sobre las imputaciones que se presentan. Quieren testigos que corroboren la exactitud de lo intervenido. Y con la ley Corcuera no hay testigos, es la palabra del supuesto delincuente contra la del policía.

Uno de los argumentos más habituales de los traficantes de droga a la hora de ser juzgados es: "Yo no tenía droga, me la han colocado". Intentan convencer al tribunal de que no tienen nada que ver con la heroína o la cocaína encontrada en sus casas en un registro. "Hay muchas sentencias absolutorias de tribunales cuando tienen que decidir, básicamente, sobre una palabra contra otra", explica el fiscal.