La reforma educativa, en suspenso

ESTEBAN S. BARCIA, Lorenzo Huertas Román tiene 22 años, y vive en la localidad madrileña de Getafe (140.000 habitantes). Después del COU, en lugar de emprender una carrera universitaria se matriculó en uno de los novedosos módulos de formación profesional (FP) de grado superior. Esta nueva FP, incorporada al sistema educativo con la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), ya se imparte anticipadamente en numerosos centros, aunque no está implantada todavía con carácter general. En el territorio- escolar dependiente de la Administración central en concreto, actualmente 4.868 alumnos cursan la FP de grado medio, o de nivel 2; y 6.527 la de grado superior, o de nivel 3.

Lorenzo cursó el módulo de nivel 3 en la especialidad de Mantenimiento de Máquinas y Sistemas Automáticos y, concluidos los nueve meses de formación, consiguió ser contratado en la empresa Técnicas y Servicios de Ingeniería (TSI), donde percibe (pendiente de la negociación del convenio colectivo) un salario anual de 2.300.000 pesetas. Dice que está muy satisfecho de haber optado por esta modalidad formativa y, aunque abriga la esperanza de estudiar una ingeniería técnica, reconoce que es una "interesante alternativa a la enseñanza universitaria". "Claro está", precisa, "a condición de que tengas la suerte de conseguir un empleo rápidamente como ,me sucedió a mí y a otros compañeros (dos, que yo sepa), de los doce que componíamos mi promocíón".

Para este joven técnico superior -tal es la denominación del título oficial-, todo depende de que realmente las empresas se comprometan en serio con esta nueva FP, mucho más práctica y, sobre todo, más ajustada a la realidad industrial que la vigente; y, por supuesto, que la situación económica mejore, y con ella también la oferta de empleo.

En su programa sobre educación, el PSOE pone el énfasis precisamente en esta reforma, a la cual, de acuerdo con el Plan Nacional recientemente aprobado -con el consenso de la CEOE, las cámaras de comercio y los sindicatos- se van a destinar 800.000 millones en los próximos cuatro años. La FP de grado medio estará al alcance de los estudiantes que superen la educación secundaria obligatoria como una alternativa al bachilleçrato, y la de grado superior, como una opción distinta a la de la enseñanza universitaria.

El PSOE considera que el que esta modalidad formativa sólo pueda cursarse después de haber superado el bachillerato (el PP pretendía que pudiera accederse a ella directamente desde el grado medio) contribuirá decisivamente a mejorar la imagen, hoy muy deteriorada, de la formación profesional tradicional. La matrícula de la formación profesional asciende en toda España a 880.847 alumnos, frente 1.480.469 en bachillerato.

El excelente estado de ánimo de Lorenzo poco tiene que ver con el de María José R. H., de 19 años, alumna de primer curso de Ingeniería en Informática de Gestión. Una carrera que "no tiene nada que ver" con lo que ella pretendía estudiar. Su nota de 6,2 en selectividad le impidió entrar en la escuela de ingeniería aeronáutica o en la de arquitectura técnica. Cualquiera de ellas habría colmado sus ilusiones."No es que esté absolutamente desilusionada", dice, pero piensa que la frustración que supuso el no estudiar lo que quería ha influido inevitablemente en la no demasiado buena experiencia de su primer año universitario. Aun así, María José no desfallece del todo al considerar su futuro con esta "carrera obligada", en la que, pese a todo, encuentra "algunos atractivos". Resignada, piensa que si consigue superar el primer curso al menos en dos años, tal vez eso le estimule para plantearse en serio su culminación y olvidar definitivamente su viejo sueno aeronáutico.

El problema que vive María José es uno de los principales argumentos del PP contra el actual sistema de selectividad. Sus portavoces en el Congreso la han combatido acremente esgrimiendo porcentajes elevadísimos de alumnos que se encuentran cada año en la situación de esta estudiante madrileña. El PP habla de un 50%, pero fuentes de la Secretaría de Estado de Universidades desmienten rotundamente tal cifra. Según estos informantes oficiales, ocho de cada diez alumnos consiguen estudiar la carrera solicitada en primera opción, aunque no todos en el centro demandado también en primer lugar. Las mismas fuentes afirman que, en el distrito de Madrid, el 66% de los aspirantes alcanza ambas cosas (estudios y centro solicitado en primera opción) y un 7% estudia la carrera deseada, aunque en un centro elegido en segundo término, lo que elevaría el porcentaje global al 73%.

Al margen de esas cifras discrepantes, la diferencia sustancial entre PP y PSOE ante la selectividad es que el partido gobernante se propone mantener esa prueba, consagrada en la LOGSE, convencido de que es necesaria no sólo para ordenar y distribuir la creciente demanda de estudios universitarios (la matrícula universitaria ha pasado, en los diez años de gobierno socialista, de 692.152 alumnos a 1.194.009), sino porque constituye la única prueba externa que sirve para homologar la actual enseñanza preuniversitaria.

Recientemente, el ministerio anunció inminentes cambios en la estructura del examen de ingreso en la universidad, así como en los mecanismos de corrección, para hacerlo "más objetivo y justo". El PP, que se apresuró a calificar como un "parche" esta nueva reforma, sostiene la conveniencia de dejar la resposabilidad de la selección de los alumnos en manos de las propias universidades, en coherencia con su autonomía. En su opinión, la selectividad debe ser encomendada a las universidades que la crean necesaria, aunque no ha sido capaz de explicar nunca cómo abordar el complejo sistema administrati- vo que se derivaría de tal alternativa, que, entre otras cosas, obligaría a un peregrinaje permanente de centro en centro a todos aquellos alumnos que no consiguieran plaza allí donde se les hubiera exigido examinarse.Otro de los puntos que enfrentan al PP y al PSOE es su modelo de estructura ideal para la etapa comprendida entre los 12 y 16 años de edad de los escolares. El modelo que propuga el PSOE, que es el recogido en la LOGSE, prevé un nuevo escalón para ese periodo, cuya denominación oficial es el de "educación secundaria obligatoría". Se compone de dos ciclos de dos cursos académicos cada uno: el primero sustituye a los cursos séptimo y octavo de la vigente EGB; y el segundo, a los cursos primero y segundo del actual BUP. Los alumnos que superen la secundaria obligatoria podrán cursar el nuevo bachillerato (de dos cursos y cuatro especialidades) o la FP de grado medio o de nivel 2.

Esta reducción de la duración del bachillerato, que actualmente es de tres cursos aparte del COU, es muy criticada por el PP, que se propone restar un año a la etapa de secundaria para restituírselo a aquél.

Para los populares, el modelo socialista de secundaria obligatoria responde a una filosofia de "demagógico igualitarismo social", que, en su opinión, puede contribuir a un "grave deterioro de los contenidos culturales de la enseñanza media española" cuya imagen tradicional el PP defiende a ultranza. Otro cambio sustancial que el PP pretende introducir en la LOGSE se refiere al reconocimiento oficial de la gratuidad para la segunda etapa de la educación infantil (la comprendida entre los 3 y 5 años de edad).

En el curso actual, la población de educación infantil o preescolar asciende a 1.003.937, de la cual el 62,9% es atendido en el sector público, gratuito; y el 37,1%, en la red privada, de pago. La tasa de escolarización de la población comprendida entre los 4 y 5 años es del 97% y se calcula que se sitúa en sólo un tercio de la población de 3 años, que comenzó a escolarizarse formalmente hace dos.