Reformas

El elevado coste de la vivienda es uno de los aspectos más controvertidos de la gestión del Gobierno en el periodo. 1982-92. En una! etapa de intensos aumentos en la actividad inmobiliaria y en los precios entre 1986 y 1990 se estimuló el crecimiento de la economía, pero se agravó el esfuerzo medio necesario para el acceso a la vivienda. Sin embargo, en el periodo de Gobierno socialista ha habido cambios positivos en la normativa que incide sobre el mercado inmobiliario y el coste de la vivienda, convirtiéndose ésta al final de la legislatura en uno de los ejes más importantes de su política.La política de vivienda entre 1974 y 1982 era más de estímulo a la actividad que de apoyo al acceso. El débil crecimiento económico en dicho periodo mantuvo deprimida la demanda. La potente desgravación fiscal a la compra de vivienda introducida en el Real Decreto Ley 2/1985, la intensa inversión extranjera en inmuebles tras el ingreso en la CE, la mejora de las condiciones de los préstamos hipotecarios libres a largo plazo, una fuerte expectativa demográfica y la buena coyuntura turística reactivaron la demanda.

La reducción del crédito en 1989-90 supuso un freno a ésta, acentuado por el alto precio de la vivienda respecto de los ingresos familiares medios, los altos tipos de interés y el empeoramiento de las expectativas económicas. La menor demanda desembocó en una recesión a partir de 1991, más acusada en 1993 en el segmento no residencial. Las ayudas del Plan 92-95 han impedido que la recesión alcance en España una gravedad comparable a la de Francia o el Reino Unido. El esfuerzo de acceso a una vivienda libre media ascendía al 45% de la renta media de la familia monosalarial en 1992, mientras suponía el 20% para una vivienda protegida. Esta situación refleja la trascendencia de los objetivos cualitativos del Plan 1992-95.

El decenio socialista ha sido rico en experiencias y en reformas de gran alcance. Desde el plan cuatrienal 1984-87 hasta el plan 1992-95, se ha acentuado el caracter social de la política de viviendas: graduación de las ayudas directas según los niveles de ingresos de las familias, creación de las figuras protegibles de la rehabilitación y la compra de suelo, establecimiento de topes máximos a las rentas familiares para el acceso a las ayudas directas (5,5 veces el salario mínimo interprofesional), ayuda directa al comprador de una vivienda existente y flexibilización de los alquileres. Ayuntamientos y autonomías participan en la ejecución de esta política, sobre todo aportando suelo a un coste que posibilite las viviendas protegidas de precio asequible.

En Europa, después de la posguerra, los partidos conservadores han estimulado el acceso indiscriminado a la vivienda en propiedad vía ayudas fiscales, mientras los partidos socialistas y socialdemócratas han puesto el acento en potenciar la existencia de un parque de viviendas de alquiler y en la personalización de las ayudas públicas. La actuación de los socialistas en España se ha ajustado más a esta segunda pauta.